El General no tiene quien… lo mande
En la semana que concluyó, el mensaje del expresidente Felipe Calderón desde España, inundó las redes sociales; los medios de comunicación y las conversaciones políticas, junto con el expresidente Ernesto Zedillo con quien compartió panel en Madrid, se refirieron a los riesgos que enfrentamos los mexicanos luego de meses y meses de amenazas a la democracia, especialmente a la institución que más la representa: el Instituto Nacional Electoral (INE), por parte del actual mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador.
La realidad es que la reforma electoral anunciada por el tabasqueño tiene graves retrocesos que evidencian lo que en realidad significa “el cambio de régimen”, que plantea el obradorato.
Sin embargo, muchos signos adicionales son peligrosas amenazas a los logros democráticos que luego de décadas de lucha por hombres y mujeres de todas las filiaciones partidistas, que se atrevieron a desafiar al poder de los gobiernos de un sólo hombre, habían logrado.
Las tres reformas anunciadas por el inquilino de Palacio Nacional, al inicio del segundo trienio de su mandato, de una u otra forma están ligadas a ese propósito:
La reforma eléctrica, que no fue aprobada por el Congreso de la Unión, ha “revivido”, luego de que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informara que la intención es seguir trabajando con el PRI y deslizó la posibilidad de un nuevo intento de presentarla.
Más allá de si es posible o no que esto suceda, el tema recobra importancia porque es continuar con la narrativa del falso nacionalismo que tanto le gusta al presidente y que muchos mexicanos replican sin mayor conocimiento, pero con la idea de que “se defienden los bienes de la nación” ante los “abusivos extranjeros a los que no debemos someternos”. No importa que sea una más de sus mentiras diarias.
La recién aprobada reforma para mantener a las fuerzas armadas en labores de “seguridad pública”, con la ayuda “voluntaria y generosa” del líder del PRI y sus bancadas, tiene aún muchas más lecturas que debimos advertir no sólo con la creación de la Guardia Nacional, cuyos elementos se empiezan a reclutar aun sin la reforma constitucional de 2019, desde la Secretaría de la Defensa Nacional: adscripción militar, formación militar, mando militar, recursos ilimitados para la ejecución de más de 220 tareas que nada tienen que ver ni con seguridad nacional, ni con seguridad interior y menos con seguridad pública, advierten el camino que se pretende tomar en el país.
Algunos mexicanos tienen la memoria muy corta, pero hay muchos indicios de que López Obrador quería especialmente al ejército como su mano derecha.
En 2006 ya había anunciado su intención de que fuera la SEDENA quién se encargara de la seguridad pública, diversas publicaciones dan cuenta que sobre eso fue la conversación del entonces candidato con el embajador de Estados Unidos en México, Antonio Garza, y que reiteró en 2017 en su libro “La Salida”.
Vaya paradoja, fue justamente ese tema el que le sirvió al eterno candidato, a boicotear, atacar, señalar, y desacreditar a quien considera su mayor adversario y culpa de todo lo que en México sucede, aunque su mandato concluyó en 2012...
...y es ahora el ejército en las calles, uno de los temas centrales de su gobierno.
En esos lapsos de olvido, la detención del General Salvador Cienfuegos por el gobierno de Estados Unidos, acusado de cuatro cargos de narcotráfico en 2020, ocasionó por parte de López Obrador la declaración de que “junto con la aprehensión de Genaro García Luna son muestra inequívoca de la descomposición del régimen neoliberal, la peste que tanto daño le ha hecho al país”, afirmaba en una de sus conferencias matutinas.
¿Alguien duda de que el actual titular de la SEDENA intervino para que se diera este resultado?, ¿qué hizo cambiar de opinión al presidente? El General Cienfuegos fue deportado a México y exonerado porque en menos de dos meses la Fiscalía General de la República (FGR) “revisó” el expediente que la DEA había armado desde 2017.
Y si eso fuera poco, su defensa la pagó el propio gobierno federal. El caso fue archivado y olvidado.
Sin duda, este hecho – al igual que la liberación de Ovidio Guzmán- marcaron un antes y un después en el país, en el actuar de López Obrador, que mantiene como su brazo derecho al ejército mexicano -evidentemente a la élite- y un brazo izquierdo muy peligroso, el CO, ambos desnudados cuando son hackeados los servidores de la SEDENA y se difunde en el país y en el mundo, la serie de complicidades que hay entre servidores públicos de primer nivel y estas extremidades todopoderosas en México.
La reciente declaración de Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, a quien documentos de Guacamaya Leaks vinculan con grupos delincuenciales, sobre la posibilidad de que “un militar sea candidato" si 'las corcholatas' del presidente no dan el ancho", no debe tomarse a la ligera
He reiterado, como muchos otro actores políticos y sociales, que Andrés Manuel López Obrador no tiene la intención de combatir la inseguridad en el país, sino de controlarlo con estos dos grupos operadores.
Sea una amenaza, una advertencia, una fanfarronería que pretenda causar temor, o una intención real, los mexicanos debemos tomarlo con toda seriedad. Para nadie es desconocido que el presidente no respeta ni la constitución, ni la ley, que está obsesionado con mantener el poder a costa de los que sea y que además para lograrlo ha corrompido a un sinnúmero de actores, que encabeza el gobierno más deshonesto y deshonroso de la historia moderna de México, entonces para destruir a la democracia, no le importaría siquiera que su intento por cambiar las leyes electorales fracasara.
Su narrativa es que la democracia es “cara”, que se gasta mucho dinero en mantener instituciones autónomas como el INE, que los servidores públicos de este organismo son parciales, antidemócratas y un largo etcétera, y para colmo tiene a su favor la tibieza, o la corrupción de miembros de la oposición que no pueden asomar la cabeza por temor a que se las corten, y no es que en la cuarta la honestidad sea el símbolo, pero sin pudor, ética o tantita vergüenza, usan a las instituciones de procuración y muchas veces a las de administración de justicia para conseguir sus fines, fuera de la ley.
Ya hay constantes dudas en la opinión pública: ¿quién es realmente el poder tras el trono?, ¿López Obrador es quien realmente manda en México?, ¿qué hay detrás de las declaraciones del segundo hombre más importante del gobierno mexicano? La aseveración no fue desliz, casualidad o ingenuidad ¿a quién va dirigido el mensaje?.
Estas preguntas deberían ser discutidas con la mayor seriedad en el Congreso de la Unión, en los partidos políticos, incluyendo el del presidente, en los grupos empresariales, entre los académicos y activistas y sin duda, entre la sociedad que requiere soluciones a sus problemas cotidianos.