“Nosotros le rendimos cuentas a nuestra gente, no al Senado”, agregó, dejándome claro que eso era lo único que podía comunicar.
Así es la hermética pauta de difusión que siguen desde hace una semana, cuando se supo que dos de las cuatro personas fallecidas en la entidad tras un operativo eran agentes de la CIA.
Gente cercana a la gobernadora asegura que están trabajando de lleno en la respuesta solicitada por las autoridades federales y también para concluir una investigación propia sobre los hechos.
Tal vez sea un esfuerzo en vano dado que la presidenta Sheinbaum sentenció ayer que no se necesita darle tantas vueltas al asunto: los responsables de incrustar agentes de Estados Unidos sin notificar al Ejército ni a Palacio Nacional, sólo pueden ser la Fiscalía o el gobierno de Chihuahua.
“La gobernadora está muy entrampada”, me dijo asimismo Óscar Cantón Zetina, presidente de la comisión de Puntos Constitucionales del Senado.
“Podríamos solicitar que se le inicie un juicio político por ese acto deliberado, precipitado, que está claramente sancionado en la Constitución”.
Chihuahua, pues, parecería estar contra la pared.
Lo cierto es que en esa intemperie –y de no cambiar de opinión en el último momento–, la gobernadora decidió ahorrarse hoy el circo del Senado.
