¿Puede uno ampararse contra el “decretazo” de AMLO?

Gerardo Carrasco es un joven abogado que a pesar de su edad acumula suficiente experiencia para ser reconocido por diversas publicaciones del calado de “Letras Libres”, "El Financiero" y otros medios.

Es egresado de la Escuela Libre de Derecho, la oficial; tiene una Maestría en Anticorrupción en la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana y es litigante en temas administrativos y constitucionales.

Esta es su opinión sobre el “decretazo”. Abro comillas:

“El decreto emitido por @lopezobrador es completamente inconstitucional e ilegal además de que viola los tratados internacionales; es bastante preocupante desde un punto de vista jurídico por las siguientes razones:

1. NO tiene un fundamento jurídico válido. Se cita el artículo 89, fc I de la Constitución (que prevé la facultad del Presidente para emitir reglamentos con apego a las leyes), pero pretende colocar la voluntad del Ejecutivo sobre lo que establecen las leyes administrativas.
2. La seguridad nacional no puede ser utilizada como pretexto para desobedecer el principio de legalidad (que indica que en el actuar de toda autoridad se debe respetar lo que establece todo el orden jurídico) ni el respeto a los derechos humanos.
3. La orden a todas las dependencias de la Administración Pública Federal para autorizar provisionalmente cualquier obra o proyecto es ilegal, pues desconoce la totalidad de los procedimientos que establecen las leyes administrativas que deben cumplirse antes de su ejecución.
4. La ´afirmativa ficta´ que indica que si no se emiten las autorizaciones provisionales en 5 días se entenderán autorizados todos los proyectos también es ilegal por las mismas razones.
5. En resumen, con este Decreto, el Gobierno desobedece de manera burda y descarada su obligación de respetar la Constitución, los tratados internacionales, la ley y los derechos humanos, para la ejecución de un número indeterminado de proyectos considerados de seguridad nacional en cualquier materia.
6. Esto puede salirle contraproducente al propio Gobierno, pues todo proyecto autorizado con base en este decreto podrá ser impugnado a través del amparo por parte de cualquier persona con interés jurídico o legítimo y un juez se encontrará obligado a suspenderlo”. Comillas cerradas.

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