Reglas
Como ocurre cada año, los normalistas de Ayotzinapa causan desmanes como recordatorio de la matanza de Iguala de 2014.
En esta ocasión, atacaron con un camión secuestrado las instalaciones del Campo Militar número 1. Antes de ello, en su trayecto a la Ciudad de México, ya habían atacado otras instalaciones, secuestrado otros camiones y causado otros daños, supongo que, como siempre, seguirán impunes.
El abogado que por una década se dijo representante de los padres de quienes murieron en la matanza, Vidulfo Rosales, es ahora secretario de cuenta del presidente de la Corte, Hugo Aguilar.
De éste, se conocen relaciones con otros grupos que pueden calificarse de radicales, si no explícitamente subversivos, de derecho constitucional no parece tener peregrina idea, según las primeras sesiones de la Corte, y tampoco parecen estarle sirviendo las decenas de asesores que ha contratado, incluyendo un pastor de La Luz del Mundo.
Por cierto, en estos días se descubrió un campo de adiestramiento de una “guardia militar” de dicha organización religiosa, que se hace llamar Jhazer. Ignoro si el descubrimiento haya provenido de información obtenida en el juicio a Naasón Joaquín, que se lleva a cabo en California.
El campo se encontraba en los límites de Michoacán y Jalisco, y evidentemente trae a la memoria aquél encontrado en Teuchitlán, que rápidamente fue limpiado por la fiscalía, sin que tuviéramos nunca una investigación seria.
La frontera entre organizaciones supuestamente religiosas, académicas, populares, y el mundo ilegal es muy porosa en México, y lo ha sido por décadas.
Muchas de estas organizaciones actúan como frentes de grupos que tienen interés en tomar el poder por la vía violenta, o que actúan en la ilegalidad, cometiendo delitos financieros, de trata de personas, narcotráfico.
Esta misma porosidad la encuentra uno entre la informalidad y la ilegalidad.
Millones de mexicanos tienen que ganarse la vida fuera del mercado laboral formal, y muchos de ellos acaban trabajando para organizaciones que tienen esos mismos nexos con la ilegalidad.
Por eso es común encontrar en las calles productos provenientes del robo cotidiano a los transportistas, y por eso hay zonas de la Ciudad de México en las que el gobierno es de esos grupos, la extorsión les ha permitido ampliar sus zonas de control, en cientos de ciudades en el país.
Este fenómeno, la porosidad de la frontera con la ilegalidad, parece haber crecido desde fines de los años 70, cuando el Régimen de la Revolución empezó a derrumbarse.
Las estructuras sociales que creó el régimen en los años 30 para sostenerse, que no coincidían con las tradicionales, producían una fricción que el régimen controlaba con provisión de recursos y ocasionalmente el uso de la fuerza.
En los años 70 eso se hace muy difícil de mantener, porque se suma la aparición de la guerrilla urbana (estudiantil) y el auge del narcotráfico. Con la crisis de 1982, el fenómeno se amplía con la explosión de la informalidad.
En esos mismos años, desde el gobierno se empieza a ejercer violencia selectiva (Camarena, Buendía), que para 1994 pone al país al borde del abismo.
Ahora, líderes de esos grupos se han enquistado en el gobierno, lo que provocará una tensión con las Fuerzas Armadas, que a su vez han sido infiltradas.
Un Estado no puede subsistir si no existe una definición clara de las reglas. Cuando se logra que éstas sean aplicables a todos, tenemos un Estado de derecho pleno.
Cuando cada grupo, o cada persona, quiere jugar con sus propias reglas, tenemos caos, en medio, un Estado autoritario cuenta con dos grupos de reglas, uno para los elegidos, otro para el común.
Tengo la impresión de que muchas acciones de gobierno, que buscan el autoritarismo, en realidad están favoreciendo el caos.