Vivir en el país del “no pasa nada”

México se desangra todos los días y no hay área del gobierno que tenga la intención de detener la hemorragia.
Estamos en el preámbulo de tener mayores datos, de cómo se financió el candidato Andrés Manuel López Obrador cerca de dos décadas para arribar a la presidencia de la República.

Se caerán los mitos “de los 200 pesos en la cartera”, “no tener tarjeta de crédito” y “vivir en la pobreza franciscana”.

El promotor de la “honestidad valiente”, será desnudado desde las entrañas de su movimiento.

La presentación del libro “El Rey del Cash” escrito por Elena Chávez, seguramente confirmará lo que millones de personas ya sospechábamos desde “las ligas de Bejarano”: la corrupción forma parte del ADN de quien habita en Palacio Nacional. El poder no cambia a las personas, muestra su verdadera personalidad.

Sin embargo, no es el único elemento que confirma el tipo de gobierno que tenemos desde el 2018. Luis Estrada Straffon, director general de SPIN-TCP, recientemente público “El Imperio de los Otros Datos”, que da cuenta de las miles de mentiras e imprecisiones en los primeros tres años del gobierno morenista dichas desde sus conferencias matutinas, el instrumento propagandístico más importante que tiene la mal llamada “cuarta transformación”.

Bastante se ha cuestionado el por qué a pesar de los errores, corrupciones, ineficiencias y complicidades, que rebasan por mucho a los mandatarios de las últimas décadas, López Obrador, mantiene cierto nivel de popularidad -prácticamente igual al de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón en el mismo periodo-.

Luis Estrada destaca en su libro, dos elementos fundamentales:

  1. El control de quién y qué se pregunta en las mañaneras
  2. La difusión de lo que el presidente quiere comunicar a sus aliados desde las redes sociales y una estructura territorial conocida como los siervos de la nación, pagadas con recursos públicos, que además se encargan de desacreditar a todo aquel que difiera del presidente.
Por otra parte, cientos de reportajes, investigaciones, notas periodísticas, columnas y análisis, han evidenciado el enorme retroceso en materia de política pública que México ha tenido en estos cuatro años.

Y en las últimas dos semanas, el hecho que más ha conmocionado a parte de la opinión pública fue la noticia de que los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional habían sido hackeados por un grupo denominado “Las Guacamayas” y del que poco sabemos. La noticia fue negada al principio por los defensores del régimen, pero confirmada al siguiente día por el presidente, quien a pesar de la gravedad intentó, como es su costumbre, minimizarla.

Lo más grave es que en este caso, la intervención a los archivos de la SEDENA desnuda y desacredita a una de las instituciones en la que más confianza tenían los mexicanos, veremos en los próximos meses cuánto impactará en su prestigio la información filtrada.

Este hecho no sólo mostró la vulnerabilidad de una dependencia, que se supone debería ser la más cuidadosa en mantener resguardada la información importante del país, también deja al descubierto actos de corrupción, complicidades entre autoridades y el crimen organizado, abusos en el uso de los recursos públicos, mentiras sobre la pobreza franciscana de la familia presidencial, que usa a los miembros del ejército para temas domésticos, lujos y excesos de mandos militares que se manejan con opacidad, donde la transparencia brilla por su ausencia.

Sin duda, más allá de conocer si el General Crescencio Sandoval optó por hacer política electoral al lado de la cuarta transformación, que tiene gustos caros y que requiere de subalternos le “lustren los zapatos con mayor eficiencia”, destaca la indiferencia, indolencia e inacción del gobierno cuando se conoce con antelación sobre la posibilidad de que personas sean blanco de ejecuciones por parte de grupos delincuenciales, cual canción de José Alfredo Jiménez, para el ejército y su comandante en jefe “la vida no vale nada”.

México se desangra todos los días y no hay área del gobierno que tenga la intención de detener la hemorragia.

Me consta que muchas son las denuncias que se han puesto ante las autoridades nacionales e internacionales, sobre los abusos y omisiones de López Obrador y su gobierno:

  • Responsabilidad por la muerte de más de medio millón de personas por el mal manejo de la pandemia
  • Investigaciones sobre la corrupción de la familia López Obrador y López Beltrán
  • Tráfico de influencias
  • Desaparición de programas, fondos y fideicomisos que ayudaban a personas que padecen enfermedades graves como el cáncer y la insuficiencia renal

...y un largo etcétera que parece interminable.

Entonces ¿por qué no hay un solo responsable en la cárcel?, ¿por qué nadie ha sido destituido de su encargo?, ¿por qué el presidente defiende todo aquello que es indefendible? La respuesta es simple y la dio el mismo López Obrador: “Todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República”, sólo le faltó añadir “y si para eso es necesario coludirse con el CO, vamos a darles abrazos para cerrar el pacto”.

Nos encontramos viviendo en el país de “no pasa nada”.

Se le ha hecho costumbre al presidente desdeñar las denuncias oficiales y públicas, ignorar todas las causas que se supone encabezaba, maltratar, exhibir y acusar a sus gobernados, porque el presidente de un país no debe referirse a nadie como “sus adversarios”.

Es cierto que llegó mediante la propuesta de “su movimiento”, en lo personal no me preocupa su afinidad, lo peligroso son sus fobias. Un estadista comprende que, ante un triunfo electoral, está obligado a escuchar a todos; pero un populista prefiere la política del exterminio, “de la pureza ideológica personal”, del sometimiento a quien piensa distinto.

Lamentablemente, también debo reconocer que no hay ni persona ni dirigencias de partidos políticos que se atrevan a encabezar un proyecto, que asuman con carácter la defensa de la pluralidad y también que no le teman a su propia identidad partidista de oposición.

Valoro, sin embargo, que miles de ciudadanos y militantes de calle, están haciendo un esfuerzo importante desde sus trincheras para denunciar y ofrecer apoyo para cambiar esta realidad que nos agobia y que debe ser aprovechada para dar a las mexicanas y mexicanos una nueva alternativa de gobierno.

Acostumbrarnos a lo que está sucediendo todos los días, no contribuye a la construcción de un mejor país.

Ver en redes sociales gritos y alegorías de miembros de los cárteles de la drogas luego de una masacre, no puede normalizarse, debe indignarnos observar cómo más de cien jóvenes son llevados a los hospitales porque consumieron -sin saberlo- cocaína, no es natural que madres buscadoras sean asesinadas impunemente sin que se haga justicia a sus años de lucha, tampoco deberíamos guardar silencio ante el video de un líder del CO que se promueve como símbolo de poder, ante la inacción o complicidad de las autoridades.

Deberíamos alarmarnos y exigir la renuncia para investigar los supuestos lazos de miembros del gabinete y gobernadores con la delincuencia organizada, que fueron evidenciados por este grupo que intervino los servidores del ejército.

Finalmente, sin dejar de reconocer la responsabilidad y compromiso con la que se han conducido algunos políticos y legisladores de los partidos de oposición, me parece fundamental elevar el nivel del debate público, los temas centrales no pueden estar encaminados al protagonismo personal o a las descalificaciones entre nosotros.

Si tenemos un gobierno populista no podemos combatirlo con los instrumentos que criticamos, solo por la desesperación de ver como nuestro país se desborona, el carácter debe estar acompañado del conocimiento de la política pública, de la preparación, pero sobre todo de la responsabilidad de no repetir la historia.

No tentemos al destino, pensando que ya no se puede estar peor.

Adriana Dávila Fernández

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Altiplano del estado de Tlaxcala. Su trayectoria profesional y política la ha desarrollado en los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federales, así como en organizaciones de la Sociedad Civil.