El silencio injusto del estado VI: La protesta que crece
Hace unos días, un grupo de trabajadores afectados se manifestó en el Palacio de Cantera, exigiendo la intervención directa del Gobernador Samuel García y del Secretario General de Gobierno.
Con pancartas y consignas, reclamaron que llevan meses e incluso años exigiendo por la vía legal: respeto a sus derechos, solución a sus expedientes, reconocimiento a sus prestaciones y seguridad laboral.
El hecho de que tengan que tomar las calles y plantarse frente a la sede del poder estatal es muestra clara de la indiferencia y el abandono institucional.
Cuando la justicia se niega en los tribunales, la protesta se convierte en el último recurso legítimo de los ciudadanos.
A esta voz ciudadana se sumó, el día de ayer, el partido político VIDA Nuevo León, que hizo suya la causa de trabajadores del sector salud.
Médicos, enfermeras, camilleros y personal administrativo que hoy viven en condiciones laborales indignas, con contratos precarios, sin certeza ni seguridad social, pese a ser quienes sostienen una de las áreas más sensibles para toda la población: la salud.
Que un partido político haya decidido tomar bandera en esta lucha y apoyar a aquellos que hasta hace unas semanas no tenían voz ni foro demuestra la gravedad y el alcance del problema, porque ya no se trata solo de un reclamo gremial, sino de un tema que está escalando a la agenda pública.
El contraste es brutal: mientras se presume en los discursos oficiales un “nuevo” Nuevo León moderno, competitivo y justo, la realidad es que los trabajadores y ex trabajadores del estado son tratados como ciudadanos de segunda, obligados a trabajar bajo protesta, sin garantías mínimas y con un trato que sin duda raya en la explotación.
Y mientras tanto, el titular del Tribunal de Justicia Laboral Estatal, el “sujeto de marras” sigue sin responder, sin dar la cara y sin atender los asuntos que se acumulan con el paso de los días.
Expedientes que no caminan, audiencias que se posponen, y un silencio que ya no solo resulta ofensivo, sino criminal frente a la magnitud de las afectaciones.
El Tribunal se ha convertido en una institución que, en lugar de resolver conflictos, los perpetúa.
Y con cada día de retraso, no solo se violan derechos, también se deteriora la confianza en las instituciones.
Los trabajadores siguen esperando justicia y lo único que reciben son promesas vacías y evasivas.
Lo que sí está sucediendo, porque me han compartido información al respecto, es que ya se está judicializando el actuar del “sujeto de marras” ante las autoridades competentes.
Las voces que se han levantado en Palacio de Gobierno, la adhesión de organizaciones políticas y sociales, y el clamor de los trabajadores del sector salud son evidencia de que este no es un problema de unos cuantos.
Es un problema estructural que afecta a una gran cantidad de trabajadores y sus familias y amenaza con volverse una crisis de mayor calado.
Justo por esto resulta especialmente relevante la visita que el sábado hará a Nuevo León la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Porque más allá de los actos protocolarios, existe una oportunidad histórica para que conozca de primera mano lo que ocurre en este Estado: un gobierno local que presume modernidad, pero que en los hechosla justicia laboral no es prioridad.
Un Nuevo León que mantiene a miles de trabajadores y ex trabajadores en condiciones de vulneración laboral y de violación sistemática a sus derechos humanos.
Hoy el clamor ya no es solo de unos cuantos, sino de una creciente mayoría que exige lo mismo: justicia laboral, respeto a la Constitución y fin a la indiferencia estatal, los trabajadores de Nuevo León exigen lo que la ley ya les reconoce, pero sus autoridades les han negado.
La protesta en Palacio, la adhesión de fuerzas políticas y el grito de miles de trabajadores del sector público, especialmente en salud, son la evidencia de que el silencio del Estado está llegando a su límite.
La Presidenta debe saberlo: en Nuevo León urge una mirada y una acción desde la Federación.
Porque la Constitución no puede quedar subordinada a la arrogancia de unos cuantos funcionarios, ni los derechos humanos básicos pueden seguir siendo vulnerados sin consecuencia alguna.
Si el “nuevo” Nuevo León insiste en callar e ignorar, la voz ciudadana organizada, los colectivos sociales y algunas fuerzas políticas seguirán recordándole que la justicia que se aplaza es justicia negada.