Violencia pone en riesgo a las encuestas
El INEGI “tuvo que pagar a miembros del crimen organizado para poder entrar a las comunidades que tienen bajo su control y realizar los Censos Económicos y Agropecuarios”, así lo informó Susana Patricia Pérez, directora adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios al periódico Reforma el pasado 27 de julio.
Asimismo, aseguró que en algunas localidades contrató a gente conocida por los criminales, a fin de no provocar desconfianza durante la realización de sus encuestas.
Las casas encuestadoras han enfrentado esta contrariedad desde hace dos décadas, sin embargo, el recrudecimiento de la violencia ha empeorado en los últimos cinco años poniendo en jaque a las metodologías y estrategias que permiten realizar sondeos estadísticamente aceptables.
- ¿México está de rodillas ante el crimen organizado?
- ¿Hemos normalizado la violencia?
- ¿Los abrazos, no balazos, han intimidado a los delincuentes?
Juzgue usted.
El problema que enfrentan las casas encuestadoras es la espantosa inseguridad que reina en diversas ciudades y regiones del país.
El crimen organizado no sólo ha sojuzgado a las comunidades, también a los encuestadores o cualquier persona desconocida que deambule por “sus territorios”.
En Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Baja California, Tabasco y Chiapas, entre otras entidades, es peligroso realizar una encuesta domiciliaria entre la población abierta. Cuando un muestreo arroja viviendas en zonas rurales que, dicho sea de paso, al ser aleatorio, el 21 por ciento es no urbano, representa un campo minado para el encuestador.
Depende de la población o la zona, pero los mexicanos, en general, ya no atienden, como antes, a un extraño que toca a la puerta, tampoco responden una llamada telefónica de un número desconocido. Se ha perdido la confianza.
Por razones obvias, durante la pandemia, las encuestas domiciliarias se paralizaron de la noche a la mañana, dándole paso a las telefónicas, cada vez más insistentes, inoportunas e insufribles.
Hace algunas décadas las encuestas telefónicas sobre intención de voto no eran representativas, pues dejaban fuera del marco muestral a un sector de la población que no poseía teléfono residencial o que vivía en zonas rurales sin telefonía. Hoy casi todos tienen un teléfono en la mano.
Puedes bloquear números indeseables, pero con tecnología y sin ella, el riesgo seguirá ahí si no tomas precauciones.
El crimen organizado ha envenenado ámbitos sociales, comerciales y económicos.
Una llamada, un mensaje de texto, un correo electrónico o un clic en una página comprometida, pueden ser el anzuelo del estafador que se hace pasar por encuestador, gerente de banco, agente de tu compañía telefónica o la voz contentísima avisándote que ganaste un viaje todo pagado a Bora Bora.
Todo para joderte.
Evidentemente, hay organizaciones legítimas, por desgracia, como decía mi abuela, por una la llevan todos y, más vale prevenir.
Otra de las limitaciones para el encuestador de campo son las zonas de nivel socioeconómico alto que, por la misma inseguridad se han visto en la necesidad de prohibir la entrada a personas ajenas a sus áreas.
Por ejemplo, en colonias de San Pedro Garza García, NL, de Zapopan, en Jalisco, o de Interlomas, en Huixquilucan, Estado de México, es dificilísimo lograr entrevistas en viviendas.
La pluma de acceso no permite la entrada a encuestadores.
Y donde no hay pluma, hay perros con dientes afilados.
De las viviendas que se ubican en campos de golf, ni hablamos. Gajes el oficio.
¿Qué haremos los encuestadores si la violencia ya es parte de la vida cotidiana?
¿Pagar piso como lo hace el INEGI?