Criminalizar la migración
Migrar es un derecho humano fundamental.
A lo largo de la historia, las personas han migrado en busca de mejores condiciones de vida, ya sea por necesidad económica, por seguridad personal o por el simple deseo de ofrecer a sus familias un futuro más digno.
Hoy, como ayer, los migrantes no huyen del confort, sino de la pobreza, la violencia y la desesperanza. Criminalizarlos no es solamente injusto, sino inhumano.
Los migrantes que llegan a Estados Unidos no son una amenaza, al contrario, son una fuerza laboral que ha contribuido durante décadas al desarrollo económico y social de ese gran país.
Negar esta realidad es borrar con prejuicios una parte esencial de la historia estadounidense.
Reprimir sus protestas pacíficas, que son una forma legítima de expresión, es un acto de autoritarismo y desprecio a los derechos fundamentales.
Másaún, revela un intento de utilizar el miedo y el odio como herramientas políticas.
Es cierto que la presidenta Claudia Sheinbaum se excedió al sugerir a los mexicanos en Estados Unidos que se manifestaran pacíficamente.
La política exterior debe ser prudente, especialmente ante una figura como Trump.
Sin embargo, también es cierto que estas acciones están generando un creciente rechazo hacia el mandatario republicano, sobre todo entre gobernadores demócratas, como es el caso del de California, Gavin Newsom, quien podría aprovechar estas medidas para exhibir su autoritarismo ante el electorado norteamericano.
Mientras tanto, México enfrenta una delicada encrucijada.
A la amenaza de nuevas tarifas arancelarias, los ataques de Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Interior estadounidense, y la inminente revisión del T-MEC, se suma la aprobación de una reforma judicial que ha sido ampliamente criticada por su regresividad.
Todo esto ocurre en un contexto de bajo crecimiento económico, alta inflación e inseguridad persistente.
La presidenta Sheinbaum enfrenta así una tormenta perfecta: una crisis diplomática con Estados Unidos, una crisis política interna por las decisiones del Congreso, una economía estancada y una inseguridad que no da tregua.