Los retos de la educación
De acuerdo con estimaciones oficiales, en México alrededor de 34 millones de alumnos integran la matrícula, desde la educación inicial hasta la superior.
Se dice fácil, pero administrar con calidad un sistema de esa magnitud es un desafío monumental.
Para dimensionarlo, más de 150 países del planeta tienen una población total menor a la de nuestra población estudiantil, considerando todos los niveles y modalidades de educación pública y privada.
El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, con toda claridad, que toda persona tiene derecho a la educación.
El Estado —Federación, entidades federativas, Ciudad de México y municipios— tiene la obligación de impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.
La educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria) y la media superior son obligatorias.
Pero llenar las escuelas de alumnos no basta.
El verdadero propósito es formar, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, ciudadanos responsables, con pensamiento crítico,solidarios y colaborativos, que fortalezcan el tejido social.
Mujeres y hombres capaces de combatir las causas de la discriminación, respetuosos de los derechos humanos y promotores de un diálogo permanente entre humanidades, artes, ciencia, tecnología e innovación como motores del bienestar y la transformación social.
No obstante, la política pública del gobierno federal parece estar centrada en abrir universidades gratuitas de dudosa calidad académica —como ocurrió en el sexenio anterior— y en continuar con un reparto indiscriminado de becas a estudiantes de casi todos los niveles.
Estos programas, onerosos e ineficientes, no han demostrado hasta ahora un impacto real en la mejora de la educación; en cambio, sí proyectan un claro tinte electorero.
Lo que verdaderamente hace falta es un programa sólido de capacitación magisterial, que garantice calidad en la enseñanza; terminar con las profundas desigualdades educativas, asegurando acceso igualitario a espacios dignos, materiales adecuados y maestros preparados; y mejorar las condiciones materiales y de equipamiento de los planteles.
También es indispensable atender a las personas con discapacidad y necesidades educativas especiales en todas las instituciones.
Pero no basta con integrarlos a un aula para “cumplir”.
La inclusión debe ser real, con adecuaciones curriculares específicas y con el acompañamiento pedagógico, psicológico y emocional necesario.
De lo contrario, tener a un niño en un rincón del salón solo como adorno no es inclusión: es exclusión disfrazada.
En el Congreso del Estado de Nuevo León, la Diputada Perla Villarreal, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, impulsa una nueva Ley de Educación consensuada con decenas de sectores, desde especialistas académicos hasta grupos históricamente marginados.
El proyecto, ambicioso y de avanzada, busca convertirse en la mejor ley estatal en la materia.
Solo queda esperar que, una vez aprobada, el Ejecutivo la publique y no la mande a la congeladora.
Es de justicia destacar el esfuerzo de la Diputada Perla Villarreal, quien con liderazgo, apertura y sensibilidad, ha logrado poner en la mesa de discusión una propuesta educativa seria, incluyente y de avanzada.
Su trabajo demuestra que cuando la política se ejerce con responsabilidad, se convierte en un verdadero instrumento de transformación social.
La educación es, sin duda, la herramienta más poderosa para construir el futuro de nuestra sociedad.
Invertir en ella no es un gasto: es la mejor herencia que podemos dejar a las próximas generaciones.