Uruapan y la vergüenza criminal que ahoga a México
Lo ocurrido en Michoacán es un grito de alarma nacional que el gobierno central parece sordo a escuchar.
El primer edil de una de las ciudades más importantes de Michoacán fue emboscado y ultimado mientras realizaba una actividad colectiva, en un acto público que debió ser seguro y que, sin embargo, se convirtió en una ejecución en un espacio abierto.
Este hecho demuestra que, si un funcionario de ese nivel, en su propio municipio, no tiene garantizada la vida, la ley y la paz han colapsado por completo para la ciudadanía.
La vulnerabilidad de nuestros líderes municipales es el espejo de la indefensión de cada mexicano.
Uruapan y Michoacán son el epicentro de una guerra territorial constante, con la presencia de poderosos cárteles como el Jalisco Nueva Generación y Los Viagras, entre otros, que operan con una impunidad casi absoluta.
El asesinato de Manzo se inscribe en una escalada de violencia política que busca desmantelar la gobernabilidad local, sembrando terror para controlar territorios, economías y, en última instancia, las instituciones.
Es una masacre silenciosa que tiene como objetivo a alcaldes, regidores y funcionarios que se niegan a someterse a la lógica del crimen.
La respuesta del Estado ha sido la omisión y la simulación.
La retórica oficial que presume la contención de la violencia se desmorona ante la realidad de un estado cooptado y una población rehén.
El caso de Uruapan no es un incidente aislado; es la punta del iceberg de una crisis histórica.
Las cifras de homicidio a nivel nacional son un testimonio de la incapacidad gubernamental para pacificar el país.
De acuerdo con datos oficiales, el sexenio en curso ya acumula 27,468 homicidios (cifras hasta el 1 de noviembre de 2025), lo que mantiene al país en una inercia de violencia histórica.
En promedio, el país sigue registrando una cifra diaria de homicidios que supera la de sexenios anteriores, demostrando que la estrategia de seguridad actual no solo no funciona, sino que ha normalizado la tragedia.
De acuerdo con el Índice de Paz México 2025, que presentó en mayo de este año el Instituto para la Economía y la Paz, durante el año 2024, se registró el asesinato de ocho alcaldes en funciones en distintos estados del país.
Esta cifra representó un aumento en comparación con los cinco asesinatos de alcaldes que se registraron en 2023.
El informe subraya que estos actos de violencia están estrechamente ligados a la interferencia del crimen organizado en los procesos electorales locales y a la disputa territorial por el control de rutas y la extorsión a gobiernos municipales.
Estos números demuestran que la política de "abrazos" se traduce en la práctica en una alfombra roja para la impunidad.
El crimen no solo está "organizado", sino que se siente cómodo y sin contrapesos, atacando a la autoridad para enviar un mensaje de dominio total a la sociedad.
El gran fracaso es la incapacidad del gobierno para entender que la seguridad no es un tema de estadísticas maquilladas, sino de justicia y Estado de derecho.
La violencia contra ediles y políticos es la prueba fehaciente de la penetración del crimen organizado en la vida pública: la "narcopolítica" ya no es un fantasma, es una realidad que define la agenda de muerte del país.
Se prometió una transformación profunda, pero lo que se ha entregado es el desmantelamiento de las instituciones de prevención, la centralización del poder y la indolencia ante el dolor.
La justicia no llegará para el alcalde de Uruapan y sus deudos, ni para las miles de víctimas, mientras el gobierno confunda la gobernabilidad con el arte de mantener la hegemonía y el control político en lugar de garantizar el orden con justicia.