Extorsión, el impuesto del crimen
La lucha contra el narcotráfico que se ha manifestado en nuestro país desde hace tres lustros.
Ha dejado una estela de dolor y abandono, y el número de asesinatos y desaparecidos ha generado una normalidad sobre la muerte que ha nulificado nuestra capacidad social de asombro e indignación.
Los números son desoladores: Simplemente el total de muertos es cercano al medio millón, el de desaparecidos ronda los 50 mil.
Han pasado tres administraciones federales, el fracaso del combate es evidente, no importa el color o la membresía de la militancia política, todos hemos fracasado en la contención y disminución de la violencia. Más ellos, los que gobiernan.
En sus inicios, allá por los años 2007 y 2008, el combate al crimen organizado fue cruento. La estadística de muertos indignó a gran parte de la sociedad, conforme fue avanzando la tendencia al alza el crimen fue estabilizándose, hasta mostrar una reducción de la misma; sin embargo, el cambio de administración en 2012 y el consecuente ajuste en la estrategia, en donde se detuvo de forma frontal al crimen organizado, permitió que estos se reorganizaran y fortalecieran sus posiciones.
Durante los primeros años, el combate al crimen organizado supuso la limitación de operaciones, la reducción de los beneficios financieros y una merma en la logística y disposición de recursos humanos en estas actividades ilícitas.
Ello propició que el crimen organizado extendiera sus actividades a otras que permitieran sustituir la obtención de recursos financieros, entre estas actividades destaca la extorsión o derecho de piso; es decir, el dinero o cuota que se solicita a diversos negocios para poder desempeñar sus funciones a cambio de no sufrir actos de violencia.
Recientemente, The Washington Post y el Laboratorio de Ideas México Evalúa publicaron datos derivados de sus investigaciones sobre el impacto de la extorsión en la economía.
Las cifras son avasalladoras: el costo de la extorsión es de alrededor 11,300 millones de dólares, lo que equivale a 1.2% del PIB.
Ello como resultado del incremento de este delito en nuestro país, donde de acuerdo al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ha crecido 32% de 2015 a 2020 y se tiene identificado que 99% de estos actos no son denunciados.
En 2020, 900 mil extorsiones se realizaron contra empresas; es decir, 1,821 víctimas de cada 10,000 corresponden al delito de extorsión.
Los datos son desalentadores, sobre todo porque la extorsión ha sido un delito que no termina con la captura o desmantelamiento de una banda o célula criminal, sino que muchas veces ésta sólo es trasladada a las policías o cuerpos de seguridad quienes solicitan “apoyos o aportaciones” para el mejor desempeño de sus actividades.
El reto de la extorsión resulta vital para el fortalecimiento de nuestra economía. Su crecimiento y desarrollo depende de condiciones de certeza jurídica, pero sobre todo de condiciones de seguridad, donde las inversiones y el éxito de cualquier negocio, sobre todos los micro y pequeños negocios de los cuales depende 80% de la generación de empleo, cuenten con certeza de que su negocio depende de la calidad de su servicio y no de las barreras que debe de superar, incluyendo la del crimen organizado, de la cual puede ser una estadística más.