Desamparados
El juicio de amparo, creación mexicana de los juristas Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero, nació para limitar el poder y proteger a los ciudadanos frente a los abusos de las autoridades.
Gracias a esta figura, millones de mexicanos han podido detener actos arbitrarios, recuperar su libertad o evitar la aplicación de leyes inconstitucionales.
El juicio de amparo ha sido el contrapeso jurídico que equilibra al poder político.
La reforma impulsada por la Presidenta propone que los jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, lo que podría convertir a la justicia en una arena política y no en un espacio técnico y autónomo.
A ello se suma la modificación a la Ley de Amparo, que busca restringir las suspensiones provisionales, impidiendo que los jueces detengan la aplicación de leyes o actos gubernamentales mientras se resuelve el fondo del juicio.
En los hechos, esto significa que los ciudadanos ya no podrán detener una arbitrariedad del poder hasta que sea demasiado tarde, ya que un juicio puede durar hasta su resolución final, lo que podría darse hasta cuatro o más años, dejando en la indefensión a quienes son objeto de un acto de autoridad injusto.
Ambas reformas, presentadas bajo la bandera de la “voluntad popular”, parecen más bien orientadas a concentrar el poder y a debilitar los controles constitucionales.
Sin jueces independientes ni amparos efectivos, el Estado de Derecho se debilita y se convierte en una formalidad vacía e inútil.
Las y los mexicanos no necesitamos una justicia politizada, sino una justicia eficiente, profesional y cercana a los ciudadanos.
Los verdaderos cambios deben orientarse a fortalecer la carrera judicial, combatir la corrupción desde dentro y garantizar que los fallos se cumplan, no a desmantelar los equilibrios que tanto ha costado construir.
La historia nos ha enseñado que cuando se debilita el derecho, se fortalece el abuso.
Y cuando se somete la justicia al voto o al poder político, el ciudadano es el que pierde al quedar desamparado por la misma Ley Amparo.
Esperemos que la Cámara de Diputados no concreten este ataque al Estado de Derecho y dejen la iniciativa en la congeladora.
Hoy, más que nunca, proteger al Poder Judicial y al juicio de amparo es proteger la libertad y los derechos fundamentales de todos los mexicanos.