¿Mejor que Dinamarca? La prueba del fuego
La cifra de fallecidos llegó a 29 personas al 22 de septiembre.
Las víctimas de quemaduras se siguen muriendo poco a poco en los hospitales.
No cabe la menor duda de que las quemaduras sufridas por todas las personas que se vieron envueltas en las llamas en ese terrible accidente en los límites del Estado de México y Ciudad de México son de extrema gravedad, por lo mismo, deberíamos preguntarnos si nuestro sistema de salud pública cuenta –o no– con la capacidad y calidad médica para atender estas catástrofes que desgraciadamente no son infrecuentes.
Ahí está el recuerdo imborrable de Tlahuelilpan, Hidalgo, enero de 2019, con la explosión de un ducto ordeñado que dejó 137 muertos y decenas de heridos con quemaduras imposibles de atender en hospitales locales.
Más recientemente, se han multiplicado accidentes vinculados al robo de combustible: derrumbes de túneles en Cuautepec y Epazoyucan (Hidalgo, 2022), o en Otumba (Estado de México, 2022 y 2025), que han dejado víctimas mortales entre quienes buscaban ganarse la vida en la ilegalidad.
Aunque estos últimos casos tuvieron menos muertos, todos comparten un patrón: personas quemadas o lesionadas que deben ser trasladadas a hospitales públicos que no siempre cuentan con camas de terapia intensiva, ni con la infraestructura de unidades especializadas en quemados.
El saldo es evidente: los pacientes que logran sobrevivir a la explosión inicial se enfrentan después a una lucha desigual contra la infección, el dolor y la falta de recursos médicos. Se siguen muriendo en hospitales que hacen lo que pueden, pero que carecen de insumos y personal suficientes para crisis de tal magnitud.
La gran pregunta es inevitable: si nuestro sistema de salud presume ser “mejor que el de Dinamarca”, ¿puede en realidad dar respuesta adecuada a emergencias masivas de quemaduras graves, o seguimos condenando a las víctimas a morir lentamente tras la explosión?