¿Por qué en el área metropolitana de Monterrey no pasaría un atentado como el de Carlos Manzo en Uruapan?
La noche del pasado 1 de noviembre, durante el Festival de Velas por el Día de Muertos en la Plaza Morelos, en el centro de Uruapan, el alcalde Carlos Manzo encabezaba un evento público rodeado de niños, cuando unos sicarios abrieron fuego en contra suya.
El ataque provocó un enfrentamiento con las escoltas de seguridad de Manzo.
Catorce elementos de la Guardia Nacional, en calidad de periféricos, y policías municipales abatieron al presunto atacante y detuvieron a otras dos personas involucradas.
En la escena se incautó un arma corta y siete casquillos, el arma estaba relacionada con dos agresiones previas entre grupos delictivos rivales en la región.
¿Qué pasa en esa zona del país, a donde se presentó hace unos días el propio secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para implantar estrategias de inteligencia tras el asesinato de líderes limoneros de la zona? 1,024 homicidios dolosos entre enero y septiembre de 2025.
Grupos armados que comienzan como autodefensas y terminan como cárteles dedicados al narcomenudeo, secuestrando y extorsionando a la población y pidiendo “piso” y control de huertas de aguacate y limón.
Los productores locales tienen que pagar entre $5,000 pesos por hectárea cultivada, se obliga a los agricultores y sus familias a comprar rifles por hasta $100,000 pesos para defenderse.
Antes del aguacate se cultivaban milpas, pero el aguacate —por no mencionar en este artículo al limón— trajo el auge y el apocalipsis.
No olvidemos que nuestro país es el principal exportador mundial de aguacate, y con esto hablo de algo así como $3,000 millones de dólares en comercio de este producto; solo Michoacán concentra 75% de la producción nacional.
Dicha bonanza trajo otra aparejada de sentido siniestro, bandas delictivas pertrechadas con Barretts calibre .50, AR-15, drones y equipo táctico, entre otro tipo de armamento que no solo se compra en EUA.
El asesinato de Carlos Manzo se suma al del productor limonero Bernardo Bravo Manríquez, el 20 de octubre en Apatzingán, quien denunciaba extorsiones.
Y el mismo día que mataron a Manzo, le quitaron la vida en La Ruana a Alejandro Torres Mora, sobrino de Hipólito Mora —líder de autodefensa ejecutado en 2023, a quien yo entrevisté para la revista Nexos hace años— en lo que su familia describe como una ejecución, aunque autoridades lo llaman “enfrentamiento”.
Los conflictos no son nuevos, llevan décadas de suscitarse en esas tierras con una agroindustria muy próspera y, por tanto, muy peligrosa.
Me explicó un experto en seguridad —uno de los mejores que tenemos en México— las graves fallas en las capas de seguridad que debieron montarse para el alcalde de Uruapan.
Se dejó vulnerable el llamado “punto ciego”.
Para empezar, no sirvieron lo que se denomina “tres anillos de seguridad concéntricos”.
- Un anillo exterior encargado de neutralizar amenazas desde lejos.
- un anillo intermedio para filtrar a cualquier sospechoso antes de que se acercara a Carlos Manzo.
- un anillo interior, conformado por el equipo de escoltas cercanos y de mayor confianza del alcalde de Uruapan.
En el caso de Manzo —continúa diciéndome el experto en seguridad— los atacantes lograron romper esos anillos con demasiada facilidad, lo que sugiere que el anillo exterior no estaba lo suficientemente robusto o que hubo fallas en la detección temprana de amenazas.
¿Otro error táctico? La falta de protocolos de control de acceso al núcleo clave donde estaba la víctima.
Todo evento público incrementa los riesgos, cada persona que se acercaba al alcalde debió ser identificada, más aún porque había menores de edad alrededor, no se hizo y ahí están las consecuencias.
¿Por qué pudieron acercarse sin ser detenidos los atacantes? Porque no se aplicaron medidas de filtrado rigurosas.
Hubo un punto ciego en el control de acceso, pero viene lo más grave: la falta de una ruta de escape inmediata, en un operativo de alta seguridad, siempre se diseña una vía de evacuación protegida que permita sacar al objetivo en segundos si hay un ataque.
Si esto no ocurrió, indica que los planes de contingencia no se ensayaron bien.
Dicho lo anterior, procedo a responder la pregunta que planteé en mi título.
¿por qué un atentado de esta naturaleza y calado no pasaría —o tendría menos posibilidades de suceder— en el Área Metropolitana de Monterrey? Van algunas hipótesis.
Nosotros, los regiomontanos, contamos con más infraestructura, más recursos y posiblemente más experiencia en seguridad privada y pública de alto nivel que en un municipio como Uruapan.
Tenemos Black Mambas, Fuerza Civil bien capacitada, un Black Hawk, un C5 con alta tecnología y protocolos de seguridad con asesoría de alto nivel.
Por supuesto, no quiero decir que exista una especie de estándar único en todo el país, sino que la calidad de los protocolos de seguridad varía mucho.
En Nuevo León, por ejemplo, tenemos indudablemente una tradición de protección a empresarios y figuras públicas que ha llevado a desarrollar métodos más sofisticados, aprendiendo de graves errores de protección que privaron de la vida, en los años setenta, por ejemplo, a don Eugenio Garza Sada.
Eso no significa que nuestras medidas de seguridad sean infalibles, pero sí hay diferencias notables en el nivel de preparación y en la cantidad de recursos invertidos en seguridad en una región más urbanizada como la nuestra.