AMLO ahora quiere disolver todos los seguros que contrata el Gobierno y hay tensión con el sector financiero
En el sector financiero crece una nueva preocupación.
A la lupa que apuntará contra los bancos a través de la reforma fiscal de Raquel Buenrostro, ahora se suma otro negocio que se cae con la 4T. Se trata de la contratación de los seguros con el gobierno federal, un rubro que deja a las aseguradoras la nada despreciable cifra de $40,000 millones de pesos por año.
La Reforma Administrativa que empuja Andrés Manuel López Obrador busca generar un nuevo ajuste presupuestario cercano a $100,000 millones de pesos.
La idea es desaparecer una buena parte de los 249 órganos autónomos y organismos descentralizados que generan, en total, un gasto de 510,000 millones de pesos. La idea es ahorrarse al menos un 20% de esos recursos.
El plan incluye la desaparición, fusión o compactación de esos órganos, en una suerte de segundo capítulo del ajuste que ya vivieron los fideicomisos. Los talles gráficos del gobierno y varios institutos de Conacyt, entre otras órganos, ya están en la mira.
Pero el ahorra más cuantioso se generaría a partir de la creación de una aseguradora estatal, que reúna allí todos los seguros que contrate el gobierno. Ocurre que hasta ahora, el gobierno federal contrata sus seguros en el mercado privado. Y el cálculo que le acercaron al Presidente es que se gastan cerca de $40,000 millones de pesos en asegurar bienes del estado, mientras que apenas se ejecuta menos del 10% de ese monto.
"Con la nueva aseguradora del gobierno, se va a asegurar todo, pero vamos a tener un remanente para hacer frente a gastos de contingencia. Con ese remanente que antes era la utilidad de las aseguradoras, se va crear el fondo de contingencia de desastres naturales", explicó un funcionario al tanto de la iniciativa.
Desde luego este proyecto suma tensión entre AMLO y el sector financiero.
Como explicó LPO, en algunos bancos ya hay claridad sobre las presiones que generará la reforma fiscal de Raquel Buenrostro, sobre todo en los aportes que tendrán que hacer algunas instituciones que eran beneficiarias del sistema de outsourcing.