El Senado daña la política exterior
Al no cumplir con sus atribuciones constitucionales, los senadores mexicanos dañan gravemente la imagen de México en el exterior y su calificación en los índices internacionales de corrupción, deterioro democrático y contribución a la lucha contra el cambio climático, por mencionar algunos ejemplos.
La agresión de Fernández Noroña provocó la reacción de “Alito” y le dio la vuelta al mundo mediático, para deleite de los mexicanos que gozan con cada pleito entre políticos. Son reprobables.
Lo que me preocupa es que los senadores se olvidaron de su papel en la revisión de la política exterior, especialmente desde el gobierno de López Obrador a la fecha.
En la Constitución mexicana, el artículo 89 otorga al presidente la capacidad de “dirigir la política exterior”, pero, en contrapeso, el artículo 76 reserva para el Senado diversas funciones que inciden en la política exterior mexicana.
Recordemos esas funciones:
- Con base en los informes anuales presentados por el presidente, el Senado debe revisar la política exterior para señalar errores y aciertos.
- Corresponde al Senado aprobar los tratados y convenios que el presidente suscriba, además de proponer su modificación, denuncia, suspensión, enmienda, retiro de reservas o declaraciones interpretativas.
- El Senado ratifica los nombramientos de embajadores, cónsules generales y empleados superiores del Servicio Exterior Mexicano, y en teoría debería ser un filtro riguroso que vigile la preparación, experiencia e idoneidad de los candidatos a cargos diplomáticos. Claramente, eso no sucede y se aprueban ciegamente candidatos cuestionados, como en el caso de Genaro Lozano.
- Corresponde al Senado la aprobación del paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la permanencia de escuadras extranjeras en aguas nacionales por más de 30 días. Adicionalmente, tiene la autoridad para aprobar la salida de tropas mexicanas al extranjero.
Lejos de cumplir cabalmente con sus atribuciones constitucionales, los senadores mexicanos, especialmente durante las legislaturas con mayoría morenista de 2018 a la fecha, no han honrado sus obligaciones por desinterés o por criterios políticos.
Las atribuciones constitucionales convierten legalmente al Senado en un contrapeso importante frente al Ejecutivo en la conducción de la política exterior.
Su papel no es meramente formal: implica deliberación, control político y responsabilidad histórica. En contextos de creciente interdependencia global, el Senado puede ser garantía de que en las decisiones internacionales tomadas por el presidente de la república se refleje el interés nacional y los valores constitucionales.
Fue una reforma constitucional en 1977 la que estableció la facultad senatorial de operar como cámara deliberativa de asuntos internacionales al revisar la política exterior del presidente en turno.
Históricamente, las facultades senatoriales han sido ejercidas con implicaciones trascendentales. En 1993, el Senado aprobó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), marcando un viraje hacia la apertura comercial y la integración regional.
Décadas después, en 2019, el Senado ratificó el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), en un contexto de renegociación que puso sobre la mesa temas como los derechos laborales, la protección ambiental y los mecanismos de solución de controversias.
Estos momentos no sólo evidencian el peso institucional del Senado, sino también su capacidad de deliberar sobre el interés nacional en un entorno globalizado.
La discusión parlamentaria permitió incorporar voces diversas, desde sectores productivos hasta organizaciones civiles, enriqueciendo el proceso y dotándolo de legitimidad.
Durante los dos últimos gobiernos morenistas, la función activa del Senado en política exterior, no exenta de fallas y momentos vergonzosos en la aprobación de nombramientos de algunos diplomáticos, se ha perdido por una pasividad inexplicable en la revisión de los asuntos internacionales de México.
Al abandonar sus atribuciones constitucionales, los senadores mexicanos dañan al país al dar por sentado, sin más, que las decisiones presidenciales en política exterior no se revisan ni debaten, sólo se aprueban “sin mover ni una coma”, como solía decir López Obrador.
No olvidemos que en tiempos donde la política exterior se enfrenta a desafíos globales complejos, el papel del Senado cobra renovada relevancia.
Su facultad de aprobar tratados no solo implica revisar cláusulas jurídicas, sino también ponderar y debatir sobre el impacto ético, social y cultural de cada compromiso internacional desde la perspectiva de todas las fuerzas políticas representadas en el Senado.
El Comité de Relaciones Exteriores lo preside el morenista Alejandro Murat y los secretarios son Sasil de León (Morena), Lilly Téllez (PAN), Alejandra Barrales (Movimiento Ciudadano), Karen Castrejón (Partido Verde) y Giovanna Bañuelos (Partido del Trabajo).
Otros miembros son políticos fogueados como Alejandro Moreno “Alito” y Manuel Añorve (PRI), Ignacio Mier (Morena), Lily Téllez y Francisco Ramírez Acuña (PAN).
Yo les pregunto: ¿Por qué no ejercen a fondo los senadores su facultad de revisar la política exterior mexicana que dirige el presidente Sheinbaum?