El sentido perdido del bien común
Sin embargo, todas comparten una misma inquietud: comprender el ejercicio del poder en función del bien colectivo.
Aristóteles concebía la política como “la ciencia de lo bueno”, orientada a alcanzar el bien común mediante la organización y administración de las ciudades-estado.
Max Weber la definió como “la búsqueda del poder”, enfocándose en la lucha por el control y la legitimidad dentro de las instituciones.
John Stuart Mill, por su parte, la entendió como “la acción colectiva que busca la mejora social”, resaltando el papel de la ciudadanía.
Y Maquiavelo la resumió como “el arte de gobernar y mantener el poder”, destacando la astucia y la pragmática en la toma de decisiones.
Estas visiones, aunque distintas, confluyen en un mismo principio: la política debe servir al bien común.
El ejercicio del poder pierde sentido si no busca el beneficio mayor de la sociedad o, al menos, si no evita el mal mayor.
En las democracias modernas, los partidos políticos son las herramientas institucionales con las que la sociedad busca ese bien común.
Por ello, su deber esencial es anteponer los intereses de la nación a los de sus estructuras internas o de sus élites dirigentes.
En tiempos de fragmentación ideológica, los partidos terminan representando solo porciones del electorado, olvidando el conjunto de la sociedad.
Hoy, con pesar, observamos cómo el que quizá sea la segunda fuerza política de México, el Partido Acción Nacional (PAN), se aparta del principio aristotélico del bien común y se refugia en el espejismo de lo “mejor para su partido”.
En un contexto político dominado por un partido-gobierno que concentra el poder ejecutivo, legislativo y judicial, pretender competir en solitario no es valentía: es ingenuidad, o peor aún, un salto al vacío sin red ni cuerda.
El reciente anuncio del dirigente nacional del PAN Jorge Romero Herrera,confirma una preocupante falta de comprensión política.
No se trata de preservar una sigla con logotipito nuevo y toda la cosa, sino de preservar el equilibrio democrático.
Por ello, urge que otras fuerzas opositoras —PRI y Movimiento Ciudadano— actúen con sensatez y promuevan alianzas nacionales, estatales y municipales incluido el PAN obviamente.
Los partidos no son patrimonio de sus dirigentes: son instrumentos del pueblo.
Su deber inmediato es defender la pluralidad, la institucionalidad y la democracia frente a un régimen que, hoy por hoy, representa el mal mayor.
Además, debe recordarse que en México el financiamiento de los partidos políticos proviene casi en su totalidad de recursos públicos; es decir, del dinero de todos los ciudadanos.
Por tanto, no son empresas privadas ni feudos personales, sino estructuras sostenidas por la sociedad para garantizar la representación política y el equilibrio del poder.
En ese sentido, los partidos están al servicio de la ciudadanía en su conjunto: representan no solo a sus militantes o simpatizantes, sino también a los abstencionistas, a los inconformes, e incluso a los adeptos al régimen en turno, pues su existencia fortalece la democracia misma.
Son —o deberían ser— instrumentos del bien común, útiles para quienes creen en la alternancia, la rendición de cuentas y el cambio de rumbo frente al modelo autoritario y centralista que hoy encarna el morenismo y el régimen de la 4t.
El bien común, en esta ahora política de México, no puede ser otro que recuperar los contrapesos del poder y salvar la democracia del deterioro institucional en que ha caído México en los últimos siete años.