Entre la corrupción, la paridad forzada y el debilitamiento del amparo
No puedo iniciar esta colaboración sin antes felicitar a Plácido Garza, a quienes hacen posible la cotidiana experiencia de este medio de comunicación, y a los valiosos colaboradores de Detona por estos primeros cinco años de existencia.
Cinco años detonando ideas, propuestas y críticas, porque Detona no es un medio servil, sino un espacio que sirve a la sociedad.
Que vengan muchos años más de Detona, con Plácido Garza al frente de este esfuerzo informativo y formador de una opinión pública responsable.
Está, por ejemplo, el caso del senador Adán Augusto López, cuya situación política se complica cada día con nuevas revelaciones —o filtraciones— sobre ingresos millonarios que él atribuye a servicios prestados a empresarios.
Sin embargo, durante los últimos años ha ocupado cargos públicos de relevancia; primero como senador, luego como gobernador, después como Secretario de Gobernación y actualmente nuevamente como senador.
Durante todo ese tiempo ha estado con licencia como Notario Público, por lo que no se sabe que servicios ha prestado a los empresarios para que le retribuyan de esa manera.
¿O serán las aportaciones a su pre campaña como corcholata morenista?
A ello se suma su relación con el llamado Comandante H, quien fuera su Secretario de Seguridad y, al mismo tiempo, líder del cártel La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación.
La reciente captura en Paraguay y posterior expulsión a México de Hernán Bermúdez, alias Comandante H, no hace sino agravar el panorama.
Todo apunta a que Adán Augusto tiene los días contados, no solo como coordinador de los senadores de Morena, sino incluso como integrante de la Cámara Alta.
No sería extraño que, siguiendo la ruta de su exsecretario de Seguridad, busque asilo en algún país sin convenio de extradición con el nuestro.
Otro tema candente es la paridad forzada que pretende imponer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Nuevo León, para que en las elecciones de 2027 solo mujeres puedan competir por la gubernatura y por 16 alcaldías donde nunca ha gobernado una mujer.
La reforma constitucional de 2019 sobre paridad total estableció acciones afirmativas para que los partidos postulen el mismo número de candidatas y candidatos, pero en ningún momento contempló la exclusión de un género.
Es clara la dedicatoria de esta iniciativa, a la que algunos medios ya han bautizado como la “Ley Anti Adrián”, por su evidente carga política.
Conviene recordar que las normas jurídicas deben ser abstractas, generales e impersonales.
Abstractas, porque no regulan un caso concreto, sino situaciones que pueden repetirse.
Generales, porque se aplican a todos los sujetos que encuadren en la hipótesis prevista.
Impersonales, porque no van dirigidas a una persona en lo particular, sino a cualquiera que cumpla la condición prevista.
Este principio está ligado al Estado de Derecho y a la igualdad ante la ley, evitando que el legislador —o en este caso el Tribunal Electoral— diseñe normas “con nombre y apellido” para beneficiar o perjudicar a alguien en lo particular.
Defender la paridad es necesario porque representa la mejor manera de abrir espacios a las mujeres en la vida pública.
Pero hacerlo violando principios generales del derecho es, paradójicamente, un retroceso.
Finalmente, me refiero a la reforma impulsada desde la Presidencia de la República a la Ley de Amparo, cuyo objetivo es, en los hechos, descafeinarla.
Si Mariano Otero viviera, seguramente sufriría un infarto ante la necedad de Morena de acotar la ley que históricamente ha protegido a las y los mexicanos frente a los actos de autoridad del propio gobierno.
Se le atribuye a Porfirio Díaz la frase: “Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”.