Indolencia institucional
Nuestro país atraviesa momentos complicados; estructuralmente enfrenta retos en todos los ámbitos, economía, política, educación, empleo, seguridad y más.
Esta complejidad deriva de dos factores: el primero sucedió en 2018, derivado del proceso electoral en el cual obtuvo el triunfo un candidato identificado con la izquierda; sin embargo, su conducir se ha caracterizado más por un gobierno conservador, distinguido por restricciones y una disciplina fiscal y financiera propia de gobiernos de derecha, además de que la agenda social se ha limitado al otorgamiento de transferencias, subsidios y otras ayudas económicas.
Ha eliminando programas y proyectos productivos y de asistencia médica y social, siendo las mujeres las principales afectadas por dichas decisiones.
Aunado a ello, ocurrió un fenómeno mundial como no había sucedido en casi un siglo: la contingencia sanitaria por SARS Cov2, la cual obligó a que la sociedad global en su conjunto se paralizara, los procesos productivos se detuvieran, y la innovación y digitalización se disparara para poder mantener funcionando al mundo.
Los países actuaron de forma diferenciada, las naciones que al principio se vieron afectadas de forma inmediata por la pandemia actuaron con mayor incertidumbre y muchas dudas; sus decisiones fueron ambivalentes considerando con desconocimiento y falta de información frente al reto que se les presentaba. No obstante, conforme fueron obteniendo información y procesándola, y entendiendo de mejor forma el comportamiento del virus y sus mutaciones, estos países fueron ajustando sus estrategias.
Sin embargo, muchos países (incluido el nuestro), desestimaron la gravedad del tema, desplazaron a la ciencia como el rector para la toma de decisiones colectivas; esta arrogancia provocó casi 300 mil muertos, al 5 de mayo, de forma oficial, aunque con el exceso de mortalidad.
La OMS ha calculado que hay casi 630 mil defunciones relacionadas con el COVID. Dicha cifra es dramática, ya que en un principio se había comentado que 60 mil defunciones era el peor escenario que podía enfrentar nuestro país, es decir, se rebasó esa estimación en más de 10 veces.
México es la nación con el mayor número de muertos entre el personal del sector salud, incluyendo enfermeras, administrativos y personal de asistencia; es la nación con la menor y más lenta recuperación económica.
Las mujeres han sido especialmente afectadas en estos contextos, no sólo han padecido la pandemia y una merma en sus ingresos, sino que la cancelación de programas que apoyaban su independencia económica como lo eran los centros de estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y la pérdida de fuentes de empleo, donde fueron ellas las más afectadas por la pandemia, aunado al problema de inseguridad y violencia que han enfrentado históricamente.
En nuestro país fallecen 10 mujeres al día y desaparecen 7 diario; del mismo modo, los infantes a quienes se la ha negado formar parte de la campaña de vacunación enfrentan problemas educativos y de inseguridad: cada dos horas desaparece un menor.
Recientemente, la desaparición de una chica de 18 años en Nuevo León y en la primera semana de mayo un infante en el poblado de Ixtapaluca, en el Estado de México, exhiben la indolencia institucional.
En ambos casos muestra la falta de capacitación de las autoridades, locales, estatales y federales frente a la violencia que se enfrenta.
Nuestras instituciones y la sociedad es indolente. Se ha normalizado y hasta justificado este contexto de muerte y violencia, donde todo es tolerado y cada denuncia es una estadística más.