La liquidación del FONDEN y la fragilidad ante desastres naturales
- ¿A funcionarios estatales por la falta de prevención y de emitir una alerta oportuna a sus habitantes?
- ¿A las autoridades de Protección Civil federal por la insuficiente difusión del peligro inminente?
Pero más allá de la respuesta inmediata a la emergencia, surge una pregunta estructural;
- ¿A quién responsabilizar por la falta de recursos suficientes y la lentitud para atender la catástrofe?
- ¿A los legisladores que aprobaron la extinción del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), o al ex presidente López Obrador que impulsó esa medida?
Los daños materiales en las comunidades afectadas de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro son inmensos.
Según expertos y medios de comunicación, las afectaciones superaron las 103 mil viviendas y diversas obras de infraestructura, con un valor estimado de entre $165 mil y $185 mil millones de pesos.
Mientras las aseguradoras estiman daños a infraestructura asegurada por al menos $1,200 millones de pesos, indudablemente, el daño más grave es la pérdida irreparable de vidas humanas a causa de la falta de acciones y recursos preventivos expeditos.
El FONDEN, creado en 1996, fue concebido como un fideicomiso para brindar ayuda inmediata a la población tras desastres naturales.
Su principal fortaleza radicaba en la disponibilidad y agilidad de sus recursos, que al momento de su extinción ascendían a poco más de $13 mil millones de pesos.
En julio de 2021, el FONDEN fue extinguido, junto con otros 108 fideicomisos.
Con su desaparición, el mecanismo de apoyo directo a las poblaciones afectadas fue reemplazado.
Ahora, la asignación de fondos para atender estas emergencias implica un proceso que está sujeto a los "vaivenes de la política" y a la "tramitología burocrática" ante la Tesorería de la Federación.
En un escenario de emergencia, esta ruta administrativa puede significar un retraso de días o semanas para la dispersión de los recursos, un tiempo que las víctimas de desastres naturales no tienen.
En este contexto, observamos una marcada diferencia en las prioridades.
Mientras la necesidad urgente es la atención a los damnificados, se prioriza la reasignación de fondos a los Programas del Bienestar.
Para ello, se ha continuado desincorporando o desapareciendo órganos autónomos y fideicomisos.
Prueba de ello es el recorte presupuestal para el 2026 al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral y al Poder Judicial Federal entre otros entes importantes, mientras que a los Programas del Bienestar se destinará casi un billón de pesos.
Frente a la magnitud del desastre, el gobierno federal ha anunciado un recurso especial de $10 mil millones de pesos para los damnificados.
Si bien es un apoyo necesario, el punto central de este debate no es solo la cantidad, sino la existencia de un mecanismo ágil e institucionalizado, como el FONDEN.
El verdadero drama de la extinción del FONDEN y a otros órganos autónomos no radica únicamente en una cifra presupuestal.
Lo que se pone en juego es la viabilidad y la capacidad de respuesta del Estado mexicano ante crisis recurrentes.
Un Estado que privilegia la concentración de poder y los programas electoreros sobre la protección inmediata de la vida de sus ciudadanos se dirige hacia un escenario de mayor vulnerabilidad social.