Los jueces del presidente

Arturo Zaldívar tardó cuatro meses en reconocer públicamente que prolongar su mandato como presidente de la Corte era inconstitucional.

Tanto tiempo para definir su posición ante una ley impuesta por el Ejecutivo, que ponía de rodillas al Poder Judicial y amenazaba el orden democrático.

El ministro presidente justifico la tardanza en el cumplimiento de plazos legales.

Lo cierto, es que otro juez, uno verdaderamente comprometido con la independencia de la Corte hubiera salido el mismo día a oponerse con todo valor y determinación a defender la dignidad del máximo tribunal e impedir un golpe a la Constitución que no tiene precedente.

El comportamiento de Zaldívar hizo llorar al país.

A México le urgen jueces que no acaten el camino de la servidumbre impuesto por el autoritarismo presidencial.

La navaja que hoy pende sobre la cabeza del Estado de derecho exige un Poder Judicial autónomo, donde se tomen decisiones a partir de valores constitucionales y no de conveniencias políticas.

La reforma al Poder Judicial diseñada por Arturo Zaldívar no emociona porque  huele a amenaza y vasallaje.

El amparo presentado por Ricardo Silva, rector de la Escuela Libre de Derecho, deja ver que la enmienda convierte a los jueces en rehenes del interés político dominante. Van a ser controlados, vigilados, castigados o premiados a partir de acuerdos discrecionales, personalistas y no de un andamiaje jurídico que garantice su independencia.

Hay en el trasfondo de la “Ley Zaldívar” un dejo de hipocresía y contradicción

Por un lado nos dice que fue diseñada para combatir el nepotismo y la corrupción, pero lo cierto es que lo empodera a él y deja al resto de los integrantes del Poder Judicial, al arbitrio de los odios y venganzas del presidente.

Lo que hizo Zaldívar fue poner en las garras de López Obrador a los jueces autónomos que se atrevan a seguir concediendo amparos contra las reformas promovidas desde Palacio Nacional. 

Ahí está, para no ir más lejos, el caso del juez Juan Pablo Gómez Fierro.

A partir de la nueva reforma al Poder Judicial, este abogado podría ser sancionado por echar a perder las obsesiones del tabasqueño.

Cuando López Obrador dijo que el Poder Judicial está podrido no lo hizo para defender el derecho a la justicia, sino para atacar a quienes le han impedido construir una arquitectura jurídica autoritaria que permita concentrar en él todo el poder.

La Reforma al Poder Judicial va en sentido contrario a lo que hoy México necesita.

Frente a una dictadura en ciernes requeriría de jueces, ministros y magistrados que puedan ejercer con más independencia y  libres de cualquier tipo de presión, persecución  o amenaza.

El espíritu del nuevo modelo parece querer caminar hacia la construcción de un tribunal supremo adicto al gobierno. Y de ahí,  surgen algunas preguntas que también son dudas: ¿México y AMLO necesitan los mismos jueces?

Sabemos qué... 

la 4T anda en busca de ministros y magistrados...

... que le permitan avalar reformas inconstitucionales, que legitimen normas represivas, causas penales fraudulentas para extorsionar a los adversarios, es decir, requiere de cómplices más que de juristas honorables.

Por eso, los magistrados electorales que quitaron la candidatura a su compadre Salgado Macedonio, los ministros que no aceptan prolongar el mandato de Zaldívar, los que se resisten a ser simples marionetas en los hilos del Ejecutivo, “no sirven para nada y deben renunciar”.

Entonces, ¿qué trata de decir AMLO cuando amenaza con seguir denunciado a jueces, ministros y magistrados que no actúen de acuerdo a la ley? ¿A qué ley se refiere?… ¿A la de él?
Beatriz Pagés Rebollar

Directora general de la Revista “Siempre”, una de las más influyentes de México, fundada en 1953 por su padre, Don José Pagés Llergo. Ha formado parte de los equipos de Televisa, Canal 11, Multivisión, CNI, Canal 40 y es comentarista política de numerosos medios. En 2019 renunció al PRI, donde militó gran parte de su vida.