Qué busca Trump en Pemex
Los procesos, en distinto grado, del gobierno de Estados Unidos en contra de dos personas largamente asociadas a Pemex, Carlos Treviño, director de la empresa en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, y Mario Ávila, subdirector en Pemex Exploración y Producción en el sexenio de Felipe Calderón.
Son piezas de un engranaje profundo que se echaron a andar en Washington como parte de una amplia investigación en distintos campos sobre lo que piensan que es un andamiaje criminal construido por años en este país y consolidado durante el mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El 11 de agosto, la Corte del Distrito Sur de Texas desclasificó una acusación contra Ávila, involucrado en el sector privado, y contra otro empresario, Alexandro Rovirosa Martínez, por haber pagado sobornos a funcionarios de Pemex Exploración y Producción para obtener contratos con la paraestatal. Días después, la Oficina de Migración y Aduanas detuvo, en el mismo estado, a Treviño, por encontrar irregularidades en su estatus migratorio.
Treviño está detenido y en breve tendrá su día en la Corte para definir su situación y determinar si es extraditado o no.
Ávila regresó a México antes de que fuera acusado, mientras que no se sabe nada de Rovirosa Martínez, quien, de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa, estaba vinculado a Los Zetas y por quien Nemesio Oseguera, El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, ofreció 10 millones de dólares por información sobre su paradero.
Treviño y Ávila, a quienes el Departamento de Estado les canceló la visa junto con su familia, aseguran que son inocentes de las acusaciones que les imputan.
Ambos casos tienen una enorme relevancia para México, pero no por las razones por las cuales han sido señalados –que son de interés prioritario de Treviño y Ávila–, sino por lo que asoma detrás de las imputaciones, que revelan lo que están hurgando las autoridades estadounidenses.
Ávila recordó la semana pasada, en una entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, que cuatro años antes de la acusación, al llegar a Estados Unidos.
Lo llevaron a una pequeña oficina en el aeropuerto de Houston, donde agentes de la Secretaría de Seguridad Nacional y del FBI le preguntaron si sabía o estaba enterado de que el gobierno de López Obrador y Pemex estaban metidos en actos de corrupción en la adjudicación de contratos o en el pago de deudas.
Ávila dijo que le dieron nombres de algunas empresas, varias que son públicas en Estados Unidos, pero que negó saber si estaban o no metidas en la corrupción.
Por petición de los agentes y de manera voluntaria, les entregó su teléfono móvil y el iPad, y cuando pensó que, dos días después, citado en las oficinas de Seguridad Nacional en Houston, se los entregarían, le repitieron las mismas preguntas y les respondió lo mismo, tiempo después regresó a México.
No volvió a saber nada de ellos hasta el año pasado, dijo, cuando sus abogados en Texas fueron citados en las mismas oficinas, donde les pidieron que le transmitieran las preguntas a su cliente para conocer de actos de corrupción de directivos de Pemex de alto nivel, así como de empresas “grandes” que trabajaban para la empresa. Ávila, según contó, volvió a repetir lo que les había dicho.
“Querían negociar”, dijo en la entrevista radial. “El tema de la visa pudiera ser un dulce para que yo incriminara a personas que ni siquiera conozco o no he visto desde que salí de Pemex”.
En el caso de Treviño, cuando agentes de Migración y Aduanas lo interceptaron al dirigirse al banco en Frisco, un suburbio de Dallas donde trabajaba, le dijeron que necesitaban que les hablara sobre la corrupción en Pemex y los nexos de sus funcionarios y empleados con el crimen organizado.
Los agentes, según trascendió en Texas, comenzaron preguntándole sobre su “relación” con el Cártel de Sinaloa. Treviño, por lo que se sabe, les respondió que ninguna.
Le insistieron en que les proporcionara toda la información que tuviera sobre el narcotráfico en México, y cuando les dijo que no tenía nada sobre ese tema, le dijeron que era imposible que se pudiera trabajar en el gobierno mexicano –como él en Pemex, durante casi dos décadas– y no tener relación con los cárteles de las drogas.
En los dos casos, la presidenta Claudia Sheinbaum fue tomada por sorpresa y tuvo salidas fallidas en la mañanera por mantener en automático la narrativa sobre la corrupción del pasado.
En los primeros días de la acusación contra Ávila, fue insistente en que había trabajado en el gobierno de Calderón y que había sido candidato del PAN al gobierno de Campeche, aunque no existe ninguna acusación contra él en México.
En el de Treviño, dijo que lo habían detenido como resultado de una solicitud de extradición y que sería regresado a México para ser juzgado por presuntos actos de corrupción en el caso Odebrecht.
Misteriosamente, los temas dejaron de estar en su agenda, porque empezó a fluir información a la Presidencia sobre la debilidad de las acusaciones en México en el caso de Treviño y de las relaciones que habían forjado Ávila y Rovirosa Martínez durante el sexenio de López Obrador.
Uno de los nombres que brincaron fue el de José Ramón López Beltrán, primogénito del expresidente, y otro fue el del exdirector de Pemex, actual titular de Infonavit, Octavio Romero Oropeza.
No hay información de negocios de López Beltrán con Ávila y Rovirosa Martínez, pero en cuanto a Romero Oropeza, las autoridades están indagando la corrupción durante su gestión en Pemex.
Existen otros vínculos de personajes del régimen y la familia presidencial que están presuntamente involucradas en negocios ilegales con Pemex –en particular el robo de combustible en los estados del Golfo–, y con el crimen organizado, por la información que ha trascendido en Texas en estas y otras investigaciones realizadas por el Departamento de Seguridad Nacional y el FBI.