Retroceso social ante el autoritarismo, la violencia y la impunidad
Quien más sufre las consecuencias de la violencia, el autoritarismo gubernamental, la impunidad y la indiferencia empresarial en México es la sociedad.
Hoy se enfrenta a una guerra de tres frentes: los cárteles contra el gobierno, los cárteles entre sí, y tanto gobierno como crimen organizado contra la población.
Esta situación se traduce en homicidios, desapariciones, extorsiones y una profunda desconfianza en las autoridades.
El gobierno, según la teoría del Contrato Social de Rousseau, tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos, respetar su libertad y organizar la sociedad, para lo cual se le otorgan facultades como el uso exclusivo de la fuerza, la creación de leyes y el cobro de impuestos.
Sin embargo, estas herramientas pueden ser mal usadas para someter a la misma sociedad.
En México, no solo se cedieron estas facultades, sino también mecanismos de control democrático, como la división de poderes y el reconocimiento de derechos humanos.
Sin embargo, el actual régimen ha usado estos recursos para consolidar su poder, comprando votos con dinero público recaudado a los sectores productivos.
Hoy enfrentamos múltiples crisis:
- Una violencia que el gobierno no puede o no quiere controlar.
- Una economía frágil, con inflación, desempleo, extorsión tanto del crimen como del fisco.
- Una educación rezagada por la pandemia y la inseguridad, con jóvenes que no dominan lo básico.
- Servicios de salud pública colapsados, sin medicamentos, personal ni infraestructura.
- Migración creciente hacia Estados Unidos, donde los mexicanos enfrentan persecución y deportación.
- Crisis ambientales sin planes ni recursos para enfrentarlas.
- Servicios públicos deficientes, sin recursos ni modernización.
- Militarización progresiva de tareas civiles y privadas.
- Desconfianza generalizada hacia el gobierno y sus verdaderas intenciones.
Frente a esto, la sociedad se muestra indefensa: sin liderazgo, sin organizaciones independientes ni conciencia cívica.
Carece de mecanismos de protección ante el autoritarismo, la delincuencia o la desigualdad.
La educación privada ofrece un futuro limitado, mientras que la pública parece condenada al fracaso.
A esto se suma el colapso del núcleo familiar: hogares sin padres por violencia, migración, cárcel o abandono.
La juventud se encuentra desorientada, sin empleos dignos ni preparación tecnológica.
Las empresas carecen de competitividad, tecnología y capacidad de pagar buenos sueldos.
La informalidad domina el mercado laboral, sin derechos ni salarios de subsistencia.
Así, muchos mexicanos prefieren emigrar antes que enfrentarse a la violencia o la pobreza.
Finalmente, el gobierno mantiene su poder repartiendo recursos públicos, sacrificando la inversión en seguridad, salud, educación y empleo.