Tabasco: el cabo suelto
Si no hay cambios en lo programado, Hernán Bermúdez Requena se presentará este martes mediante una videoconferencia ante el juez de Control en Villahermosa, que decidirá si lo vincula a proceso.
Bermúdez Requena, acusado por la Fiscalía de Tabasco de asociación delictuosa, extorsión y secuestro, es considerado el fundador y líder de la organización criminal La Barredora, que evolucionó a brazo ejecutor del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Hasta ahí, todo bien. Pero, ¿cómo explicar que, si su caso está bajo proceso en aquella ciudad, se encuentre recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, a 900 kilómetros de distancia? Hay dos criterios por los cuales un presunto criminal es enviado a una cárcel federal: su nivel de peligrosidad y la posibilidad de que pueda fugarse.
En este caso, se puede argumentar, además, que es por un asunto de seguridad, la suya, y de seguridad nacional, del gobierno.
Bermúdez Requena es la pieza fundamental en la estructura criminal que se construyó en el sur del país entre 2019 y 2024, cuando fue nombrado secretario de Seguridad de Tabasco por el gobernador Adán Augusto López Hernández, y que, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo nombró secretario de Gobernación en agosto de 2021, fue ratificado por su sustituto, Carlos Merino.
Sus relaciones, hacia arriba y hacia abajo, lo convierten en el eslabón entre las operaciones criminales y el poder político en Tabasco.
El exfuncionario es un cabo suelto que, para muchos, probablemente vale más muerto que vivo.
No deja mucho espacio a la interpretación la razón por la que Bermúdez Requena no llegó a Villahermosa, procedente de Tapachula la semana pasada, tras ser deportado por el gobierno paraguayo, sino a El Altiplano.
Encarcelar a una persona clave que puede determinar el rumbo de la investigación policial más importante de la historia mexicana en un penal que, desde hace años, controlan los grupos cercanos a López Obrador y a López Hernández habría sido una irresponsabilidad, porque sus acciones, según las investigaciones, conectan con el andamiaje político-criminal que se fue armando de la mano de López Obrador en la Presidencia.
Para el exfuncionario tabasqueño, parafraseando al autor italiano Leonardo Sciascia, que ha escrito abundantemente sobre la mafia, la mejor forma de salvar la vida es diciendo todo lo que se sabe.
“Si descubres algo, divúlgalo enseguida: es la única forma de protegerse. Incluso si se trata de un secreto entre ustedes y la persona que se los ha contado, no lo guarden más de una hora”, aconsejó en su obra Negro sobre Negro, que es más que pertinente en la realidad mexicana del momento.
En las condiciones actuales, lo mejor que podría hacer Bermúdez Requena para salvar su vida es declarar todo lo que sabe de los nexos políticos con el crimen organizado, en particular con el principal negocio ilícito que creció en el sexenio pasado: el huachicol.
Debe saber que será condenado, con una probable sentencia que podría ser de más de 150 años de cárcel, porque, al ser juzgado por crímenes de delincuencia organizada, no es sujeto a un criterio de oportunidad, a menos que la Fiscalía General encontrara una forma legal, como no acusándolo de ese delito para convertirlo en testigo cooperante.
Lo que pueda decir, si realmente cuenta lo que sabe ante el Ministerio Público, sería una bomba nuclear en el corazón del Grupo Tabasco, que encabeza públicamente López Hernández, actual coordinador de Morena en el Senado.
Pero no se detiene ahí, de acuerdo con investigaciones en México y Estados Unidos, las ramificaciones suben hasta López Obrador, quien supo de las relaciones de Bermúdez Requena con el crimen organizado, al menos desde 2019.
Cuando información de inteligencia de la Secretaría de la Defensa encontró los nexos de Bermúdez Requena con La Barredora y sus vínculos con la delincuencia organizada, de la misma forma como revelaron que el entonces gobernador daba órdenes y protección al crimen organizado.
López Hernández ha dicho reiteradamente que nunca supo lo que hacía su secretario de Seguridad, pero los informes de inteligencia militar lo desmienten. López Obrador defendió a Bermúdez Requena cuando la prensa difundió en 2022 los reportes militares que fueron hackeados por el grupo Guacamaya –que este año el general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa, confirmó su autenticidad–, alegando que era mentira y que sólo buscaban desacreditar a su gobierno.
El expresidente nunca hizo nada por combatir la narcopolítica que le estaban revelando los informes de inteligencia de la dependencia en la que más confiaba, ni tomó acciones para impedir las actividades criminales.
Al contrario, invitó a López Hernández a despachar en Bucareli y le delegó todo el manejo de la política interna.
Las investigaciones de los fiscales y las agencias de inteligencia estadounidenses tienen perfectamente mapeado lo que llaman “la economía criminal alterna” que se construyó bajo la presidencia de López Obrador, donde López Hernández es una de las tres principales cabezas de la estructura que tienen documentada, donde el principal negocio ilícito, en la línea que conecta al senador con La Barredora y con su jefe político, es el huachicol en Chiapas y Tabasco.
Este negocio incluyó, según los informes de inteligencia militar, la participación clave del exsecretario, que tenía bajo su cargo la logística del abastecimiento de combustible, desde donde tejió un segundo piso para las actividades ilícitas de policías municipales y estatales de Tabasco y Veracruz, que protegieron el robo de hidrocarburos de la refinería de Dos Bocas.
Uno de los proyectos que paradójicamente más impulsó López Obrador, y su traslado a Cadereyta, Nuevo León, para de ahí enviarlo a Altamira, Tamaulipas, y a Guaymas, Sonora, donde comenzó la investigación que llevó al aseguramiento en marzo de un buque que transportó diésel introducido como aceite para no pagar impuestos.
Cuidar a Bermúdez Requena es un imperativo para el gobierno de Claudia Sheinbaum, más allá de sus lealtades.
En las últimas líneas de su libro, Sciascia escribe que el título, “aparte de un alegato burlón contra la acusación de pesimismo que tan a menudo pesa sobre el autor, es la formulación explícita de un programa: hay que proyectar la negra escritura sobre la página negra de la realidad”.