Guerra en el campo
La nueva Ley de Aguas fue redactada en las rodillas de algún burócrata de Palacio Nacional, sin conocer las distintas realidades agrícolas del país, sin consultar a los agricultores y con un solo interés: el control político del campo.
La iniciativa pone el agua subterránea –pozos y norias– bajo el control del Estado, una reforma hecha con el mismo espíritu autoritario y centralizador de la reforma judicial, la reforma energética o la desaparición de los órganos autónomos.
La Ley de aguas es una expropiación disfrazada.
El gobierno busca decidir el uso de la tierra y el dominio de la propiedad a través del control del agua. Como bien dicen los hombres y mujeres de campo: “Si al campesino le quitas el agua, también le quitas la tierra”.
El gobierno de Claudia Sheinbaum está propiciando una guerra en el campo, convertir a un gobierno ineficiente y corrupto en propietario y administrador único del agua que se usa para el riego y ganado es condenar a México a la sequía y a la hambruna.
Así como la 4T puso bajo su dominio a jueces y magistrados ahora van por los agricultores, uno de los trasfondos es simple, una concesión de agua a cambio de que tú, tu organización y trabajadores voten por Morena.
El régimen va por el “voto verde”, busca instaurar una dictadura electoral en el campo por medio de una Ley que busca castigar al productor agrícola, quitarle el agua, en caso de que se convierta en opositor.
Los transportistas exigen seguridad en carreteras.
Están hartos –como todos– de ser víctimas de asaltos, ser rehenes de la delincuencia organizada, de la Guardia Nacional, de policías estatales y municipales que los extorsionan.
¿Por qué el gobierno no puede garantizar carreteras seguras en todo al país? ¿Es demasiado pedir? ¿No puede o no quiere?
Si no puede es porque hay falta de gobierno.
Esto confirmaría que la Presidenta Sheinbaum es una mandataria débil que no tiene el control institucional del país.
Y si las autoridades no quieren poner punto final a la violencia en las carreteras es porque –así como ha hecho con estados y municipios– se las ha cedido al crimen organizado.
El gobierno se desgañita para defender frente a Estados Unidos la soberanía nacional, pero es indolente y omiso cuando se trata de poner a salvo la soberanía interna, el derecho a transitar libremente por el territorio nacional sin que eso signifique poner en riesgo la vida.
La falta de respuesta a los agricultores y transportistas ha puesto en evidencia la personalidad del gobierno “claudista” de cero política.
La ceguera, la sordera, negar la realidad es lo que desmorona gobiernos.