Hacia una solución al conflicto con Ecuador
Las naciones latinoamericanas establecieron el procedimiento de solución pacífica de controversias en el siglo XIX, al nacer a la vida independiente.
Fue en el Congreso Anfictiónico de Panamá cuando se aprobó, con la suscripción de México, el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua de 1826, acta de nacimiento del anhelo bolivariano de una América Latina unida.
Sin embargo, el Tratado fue ratificado solo por la Gran Colombia (Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela) por lo que lamentablemente no entró en vigor.
El Artículo 16 establece:
“Las partes contratantes se obligan y comprometen, solemnemente, a transigir, amigablemente entre sí, todas las diferencias que en el día existen o pueden existir entre algunas de ellas; y en caso de no terminarse entre las potencias discordes, se llevará, para procurar su conciliación, al juicio de la Asamblea, cuya decisión no será obligatoria, si dichas potencias no se hubiesen convenido antes explícitamente en lo que sea”.
Es condenable el allanamiento de la embajada mexicana en Quito al haber sustraído por la fuerza a una persona a la que México otorgó asilo político, después de tenerlo durante tres meses como “huésped” como si fuera hotel de lujo sin haberle dado el asilo.
La demora refleja que había dudas del gobierno mexicano para concederlo por tratarse de un prófugo de la justicia, sentenciado por delitos comunes de corrupción.
Por esta razón, es atendible la posición del gobierno del Ecuador de evitar abusos al otorgar asilo político a funcionarios corruptos que no son perseguidos por motivos políticos, tal como lo establece la Convención de Caracas.
Las relaciones diplomáticas podrán reanudarse después que concluya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el 30 de septiembre próximo, y el de Daniel Noboa Azín, en mayo de 2025.
Los insultos de “facha” del mandatario mexicano a su colega ecuatoriano, quien por cierto tiene la doble nacionalidad ecuatoriana y estadunidense, condición prohibida en México, degeneró el conflicto internacional en un pleito personal.
Las declaraciones intervencionistas de López Obrador sobre los asuntos internos de Ecuador violaron nuestro principio constitucional de no intervención.
Todo esto impulsado por un afán personal de ser reconocido en América Latina como líder de la izquierda progresista.
AMLO antepuso sus relaciones personales de amistad, fincadas en filias ideológicas con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, por encima de las relaciones diplomáticas con un gobierno conservador pero elegido democráticamente.
México y Ecuador deberán tomar pasos conducentes hacia la restauración de relaciones, ya sea por medio de negociaciones directas o a través de la mediación.
Una vez calmadas las aguas, Ecuador debe ofrecer una disculpa formal por el agravio a México y a su vez nuestro país retirar la demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya con un sincero y generoso ánimo de reconciliación de ambas partes.
Las relaciones diplomáticas deberán conducirse con estricto apego al Derecho Internacional, sin violar embajadas y sin intervencionismos.
Como me dijo mi amigo, el embajador ecuatoriano Roberto Betancourt: “cumplir el Derecho Internacional en ambos casos no es una opción, es una obligación”.
En 2026 se celebrará el bicentenario del Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, magnífica oportunidad para México y Ecuador de reconciliarse como países hermanos, en una simbólica ceremonia en Panamá.