México 2025: Reformas legislativas, vigilancia estatal y deterioro institucional
México atraviesa un momento crítico en materia de seguridad, gobernanza y derechos humanos.
Pese a algunas mejoras aisladas y apenas perceptibles, la tendencia general evidencia una erosión preocupante de las instituciones, especialmente en el contexto de las recientes reformas legislativas aprobadas durante el periodo extraordinario del Congreso.
Una de las reformas más controvertidas es la Ley del Sistema de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, ampliamente criticada por organizaciones civiles y expertos en derechos fundamentales.
Esta legislación, apodada en conjunto con otras como “Ley Espía”, redefine de manera ambigua conceptos como “inteligencia en seguridad pública”, “interconexión” y “productos de inteligencia”, otorgando al Estado amplias facultades para acceder sin restricciones a bases de datos tanto públicas como privadas, incluyendo registros personales, escolares, hospitalarios e incluso dispositivos electrónicos, como en tribuna denunció Margarita Zavala, diputada de Acción Nacional.
Especial preocupación genera la implementación de la nueva CURP con datos biométricos, que será obligatoria para todo tipo de trámites y cuya información podría ser compartida con gobiernos extranjeros.
La desaparición del INAI, garante constitucional de la protección de datos personales, deja sin resguardo adecuado a esta información sensible.
La legislación también permitirá que la Guardia Nacional, adscrita ahora a la estructura militar, pueda geolocalizar ciudadanos sin autorización judicial, lo que plantea serias amenazas a la privacidad.
Paralelamente, se aprobaron reformas relacionadas con desapariciones forzadas, sin consenso ni consulta con los colectivos de búsqueda de personas.
Estas organizaciones denuncian que las reformas amplían la capacidad de vigilancia sin fortalecer de manera real la autonomía forense.
Se teme, además, que el Estado opte por declarar como ausentes o fallecidas a personas desaparecidas para reducir artificialmente las cifras.
Otras modificaciones incluyen una nueva legislación contra el lavado de dinero, más restrictiva para particulares, así como la desaparición del CONEVAL, cuyas funciones pasan al INEGI.
Esta decisión ha sido duramente cuestionada por la sociedad civil, que advierte sobre el riesgo de perder una evaluación autónoma del impacto de las políticas públicas, especialmente en temas sensibles como es el de la pobreza.
En el ámbito judicial, se anticipan dificultades para la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia, que llegará en medio de cuestionamientos a su legitimidad e independencia.
La elección judicial reciente ha sido impugnada sin éxito, en un contexto en el que la presidenta electa ha señalado directamente a consejeros electorales por no alinearse con el oficialismo.
Apanicado y cómplice, el Tribunal electoral se las está ingeniando para validar la elección más inválida de nuestra historia, lo que ya es decir.
La crisis en la procuración de justicia también se agudiza.
Las órdenes de aprehensión parecen llamados a Misa.
Muchas no se han cumplido ni cercanamente.
Tal es el caso del boxeador Julio César Chávez Jr., quien será deportado desde EE.UU. sin haber sido detenido en México, esto es, sin que la Fiscalía cumpliera sobre él la orden de un juez mexicano.
Además, un escándalo reciente vincula al expresidente Peña Nieto con presuntos sobornos para favorecer contratos gubernamentales, entre ellos, la adquisición del software de espionaje Pegasus.
La FGR ha abierto una carpeta de investigación, aunque persisten dudas sobre su capacidad si se toma en cuenta que el escándalo Pegasus no se ha traducido más que en una sentencia, la del caso Aristegui, en que no se condena a persona alguna: espionaje sin espías, como ha dicho la Organización Artículo 19.
El panorama general refleja una arquitectura legal orientada a vigilancia masiva, debilitamiento del Estado constitucional y concentración del poder sin controles suficientes.
Frente a este escenario, se impone la necesidad urgente de restaurar el equilibrio institucional y de garantizar las libertades democráticas.
Ya no hay jueces en Berlín.
¿Quedan oposiciones?
