¿Cuál es el riesgo de poner a ciertos aspirantes a gobernador en NL?
Hoy iba a analizar otras noticias, como la acusación del gobernador Samuel García al PRI, llamándolo corrupto, y sobre la posición del tesorero estatal Carlos Garza.
Pero el video viralizado ayer —que involucra a dos miembros del oficialismo— afectó la agenda temática.
A raíz de ese video, del cual desconozco procedencia y destino, se me advirtió que los posibles afectados podrían recurrir a instancias legales, con lo cual se vuelve a confundir la capacidad de discernir entre lo verdadero y lo falso.
Que se demande en Nuevo León a periodistas o analistas políticos no es raro.
Que se amenace con demandarlos si llegan a publicar ciertos temas, en un futuro próximo o lejano, sí es descaradamente absurdo, raya en lo ridículo.
Sobre todo porque la carrera para la gubernatura ya comenzó, algunos candidatos guardan cadáveres en el armario y varios serán señalados en diciembre por el Departamento de Estado de EUA y — ojo con lo que diré a continuación — por el FinCEN, que depende del Departamento del Tesoro de la administración Trump.
De ese tamaño es la inminente filtración.
¿La culpa es de quien informa esto que vendrá, o de quien cometió el delito de vincularse con el crimen organizado?
Me recuerda a la novela El Proceso, de Franz Kafka.
Al personaje se le detiene por nada, se le procesa por nada y es condenado a muerte por nada.
Eso pasó ayer con mi columna.
¿Le voy a parar? no, en esta columna, el miedo no existe.
Lo que hice fue contactar en Nueva York al despacho de Ben Wizler, director legal de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y del Centro para la Democracia, que litiga casos sobre libertad de expresión y privacidad tecnológica.
Porque si, por un lado, pende sobre el periodista o analista político el lawfare —el uso faccioso de la ley para someterlos—, también late el riesgo de comenzar a ser espiado.
Por eso vivimos en la era de la vigilancia, donde casi se induce a la gente a dejar de pensar. Cualquiera puede ser víctima de esta canallada, solo por desempeñar correctamente la tan mancillada profesión de informar.
Si yo difundo una información verificada y de interés público, no soy un delincuente, soy un informador.
Se confunde filtración con espionaje, ni modo, hay que recuperar nuestra capacidad periodística y ciudadana de juzgar.
Lo primero que me recomendaron es que ya no ponga mi correo personal al final de la columna.
Así que, en respuesta a tan amable recomendación, preciso públicamente que, por mi entera voluntad, me paso por el arco del triunfo a censores, autoritarios y represores.