¿Por qué dimos la primicia del presunto vínculo con el huachicol fiscal de una casa de bolsa de NL?
El panorama se ensombrece cada vez más para Vector Casa de Bolsa y para su fundador, Alfonso Romo, exjefe de la Oficina del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Suele pasar cuando se abre la caja de Pandora: resulta prácticamente imposible volverla a cerrar.
El Departamento del Tesoro, de la administración Trump, abrió inicialmente esa caja de Pandora en contra de Vector por supuestas operaciones simuladas y nexos con el narcotráfico.
Lo que hicieron Romo y sus directores administrativos, de forma correcta, fue frenar la hemorragia informativa, emitir comunicados de prensa y defenderse en el frente legal y financiero.
No bastó con eso.
Dicha casa de bolsa ha sido torpedeada en su línea de flotación. Su zozobra es inminente.
¿Cuál es el nuevo episodio para Vector?
Que esta Casa de Bolsa está siendo investigada por la Fiscalía General de la República por posibles implicaciones en la trama delictiva del huachicol fiscal; es decir, por ser facilitadora del lavado de dinero en la venta, evasión fiscal y contrabando de combustible; proceso que ha llevado ya a la detención de 14 personas y el decomiso de más de 10 millones de litros de combustible en el buque Challenge Procyon, en marzo pasado.
Presuntamente —según las autoridades y medios de prensa—, Vector habría lavado al menos $220 millones de pesos al servicio de una de las principales empresas de las 55 involucradas en esta red criminal (33 de ellas financieras, como Vector), que importan y comercializan combustible ilícito.
No existe todavía evidencia publicada de estas transacciones financieras sospechosas.
Sin embargo, el punto medular de esta presunción estriba en que no se trata de las imputaciones que le levantó el Departamento del Tesoro de Donald Trump, sino de esta otra carpeta de investigación sobre huachicoleo, que salpica a altos mandos de la Armada de México y que relaciona a Vector con, entre otras empresas, Grupo Potesta SA de CV, con menos de una decena de empleados y reporte de ingresos de $1,787 millones de pesos en 2023 (vía facturas fiscales electrónicas y CFDIs simulados).
¿En qué terminará esta historia criminal con antecedentes poco vistos en Nuevo León? No lo sabemos.
Pero, por más que intenten cerrar esta caja de los horrores, los demonios andan sueltos.