¿Quiénes son los regiomontanos realmente involucrados en el caso del huachicol fiscal?
Más allá de errores evidentes en los datos duros que presenta
Por ejemplo, al empresario Roberto Blanco Cantú, también llamado Roberto Brown, a quien el pasado 5 de septiembre se le giró orden de aprehensión por falsificación de documentos aduanales, no se le conoce como “el Señor de los Tráilers”, sino como “el Señor de los Buques”; y no nació en Nuevo León, sino en Tamaulipas.
Aunque las oficinas centrales de Mefra SA de CV estén ubicadas en San Pedro, Nuevo León—, lo cierto es que aún no es posible atar todos los cabos entre las instituciones financieras que imputó por lavado de dinero el FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), incluyendo a Vector Casa de Bolsa SA de CV, de Alfonso Romo, con la trama criminal del huachicol fiscal que inició recientemente la Fiscalía General de la República (FGR), en la que también se señala, por otros presuntos delitos, a Vector Casa de Bolsa, y que, en términos globales, gira en torno a la evasión del Impuesto Especial para Productos y Servicios (IEPS).
Si en un futuro se logran unir los puntos, ya se verá; pero, a la fecha, son asuntos que implican delitos como lavado de dinero, de carácter todavía no concomitantes.
¿Se trata del conflicto final del Estado mexicano, como asegura el colega? Opino que no.
El Estado y las Fuerzas Armadas no son un grupo monolítico; está compuesto por diversos actores y mafias, así sean de la misma formación política, los círculos de ninguna de las dos investigaciones se han cerrado.
En consonancia, apenas se ha jalado en ambos la punta de la hebra. Ignoramos hasta dónde toparán las investigaciones en curso y cómo coincidirán las carpetas de investigación de la FGR con el juicio programado en el Distrito Sur de Texas en contra del empresario petrolero de Utah, James Jensen, y su empresa Arroyo Terminals LLC, imputados y acusados formalmente el pasado 17 de abril por las autoridades norteamericanas, tras una investigación de la DEA.
El filósofo Hegel creó el concepto: “la astucia de la razón”. Dudo que la mayoría de los políticos en México sean astutos, y menos que sean modelos de razón, pero tarde o temprano la razón jurídica imperará. Dicho de otro modo: se hará justicia.
Por lo pronto, en lo que se cumple la astucia de la razón, en la que aún creemos los optimistas vitalicios, conviene desmontar hipótesis equivocadas que apuntan como epicentro de esta trama criminal a nuestro estado.
¿Cómo cuáles? Por ejemplo, Ravelo vincula el huachicol fiscal con aquel fraude que ya expliqué en una serie de artículos en la Refinería de Cadereyta, entre 2000 y 2003, con el consorcio originalmente chino llamado Conproca —compuesto por Siemens, Tribasa y SK Engineering—, que emitió siete facturas fraudulentas por $182.4 millones de dólares, y que llevó a la inhabilitación y a la cárcel a una veintena de altos funcionarios de Pemex.
Ninguno de los altos mandos nacido en Nuevo León.
Si el caso Conproca fue un fraude al erario, la trama del huachicol, por el contrario, es todo un entramado criminal de magnitudes desproporcionadas.
Difiero también del planteamiento de los orígenes del huachicol fiscal que sugiere Ravelo, el huachicol, en su modalidad actual, no surgió hace nueve sexenios.
El que va desenmarañando ahora Omar García Harfuch, como titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal es de data reciente.
Comenzó, según mi análisis, cuando las Administraciones Portuarias Integrales (API), que eran sociedades mercantiles públicas o privadas encargadas de la administración de los puertos y estaban bajo supervisión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pasaron a convertirse —por errores de cálculo— en las actuales 16 Administraciones del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en 2021, transfiriendo sus competencias a la Secretaría de Marina.
El remedio salió peor que la enfermedad. ¿Quién es capaz de llamarle la atención a la Armada?
En el proceso para que se cumpla “la astucia de la razón” a la que alude Hegel, sería difícil que miembros de un mismo aparato público lo desmantelaran deliberadamente.
O que sólo llegaran hasta cierto punto en sus pesquisas, sin rebasar límites quirúrgicamente controlados. ¿Encarcelar a algunos y exonerar a otros? Imposible.
Este corrosivo letal contra la impunidad y las complicidades no lo detiene nada ni nadie.