¿Reforma?
Pablo Gómez fue removido de la Unidad de Inteligencia Financiera este fin de semana.
Nunca estuvo preparado para ese cargo, y creo que lo único que hizo fue publicar información confidencial de periodistas o políticos de oposición. Lo relevante, investigar los flujos financieros potencialmente ilegales, eso no lo hizo.
Ahora se le ha designado como presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, de eso sí sabe, porque es a lo que se ha dedicado casi toda su vida.
Lo acompañarán en esta comisión: Rosa Icela Rodríguez, José (Peña) Merino, Ernestina Godoy, Lázaro Cárdenas, Jesús Ramírez y Arturo Zaldívar, si mantienen sus cargos el tiempo suficiente. El decreto que crea la comisión no se refiere a las personas, sino a los puestos, por eso lo digo.
Ninguno de ellos sabe de temas electorales, con la excepción de Gómez, no parece que importe porque ya la presidenta dijo que no quiere listas de plurinominales y quiere reducir el gasto, especialmente en lo relativo a los partidos políticos.
Por otra parte, tampoco parece que esta reforma tenga mucha importancia, pues tanto el INE como el TEPJF han sido ya capturados y responden a la voluntad del poder, y no de la ciudadanía.
En el instituto, cuatro consejeros han dado la batalla para defender la legalidad y la voluntad ciudadana: Claudia Zavala, Dania Ravel, Martín Faz y Jaime Rivera. Ocasionalmente se les ha unido alguno más, pero siempre han estado en desventaja frente al bloque morenista encabezado por Guadalupe Taddei.
En el Tribunal, dos magistrados han actuado con entereza: Reyes Rodríguez y Janine Otálora. También fueron minoría frente a los entreguistas, los dos Felipes y Mónica Soto, presidenta.
Gracias a esos seis consejeros y tres magistrados pudo ocurrir el golpe de Estado que le dio a Morena la capacidad de modificar la Constitución, facultad que el soberano (es decir, el voto) no le otorgó en la elección de 2024.
Ese golpe permitió la destrucción del Poder Judicial y la farsa de elección que tuvimos a inicios de junio, esa elección ya no fue democrática en absoluto, como no lo serán las que vengan, con o sin reforma electoral.
La comisión debe instalarse en los próximos días, según el decreto que la funda, y supongo que muy rápidamente tendremos una versión concreta de los deseos presidenciales y de las diversas propuestas que desde el gobierno se lanzaron en los últimos siete años.
Son muy dispares, pero seguramente confluirán en algo que consolide a Morena en el poder.
Puesto que necesitarán mayoría calificada para aprobar dicha reforma, será necesario que los aliados –PT y PVEM– sean considerados en la propuesta.
Por la gran dependencia de estos partidos de los plurinominales, este punto no será sencillo de resolver. Por las necesidades financieras de todos los involucrados, tampoco el tema del dinero será simple.
No considero las opiniones de la oposición, porque ellos no lo harán. La época en la que todas las reformas políticas requerían consenso terminó hace siete años.
México ya no es una democracia, dejó de serlo después de la elección de 2021, cuando se utilizaron todos los recursos públicos para imponer a Sheinbaum: los Siervos de la Nación, las conferencias matutinas, la compra de votos disfrazada de política social, el dispendio en los elefantes blancos, y sin duda un gasto electoral excepcional financiado desde el erario, como no se veía desde la última elección del viejo régimen, en 1994.
El golpe de Estado de hace un año confirmó el carácter dictatorial (porque dice Aguilar Rivera que el término autoritario nada más confunde), consolidado con la destrucción del Poder Judicial.