"Están pagando por algo que no les correspondía"
"Mi hermano estaba a minutos de salir del trabajo, a lo mejor le hubiera tocado a otro, pero desgraciadamente mi hermano estaba ahí".
Jaime Galindo Hernández, expolicía federal mexicano, estaba en turno en la cárcel Altiplano cuando se fugó uno de los capos más poderosos del mundo, Joaquín 'El Chapo' Guzmán. Hoy lleva siete años en prisión preventiva acusado de evasión de reo y de no activar el Código Rojo en la noche que cambió su vida, el 11 de julio de 2015.
Más de una docena de funcionarios fueron detenidos por algo que nadie creía posible: la construcción de un túnel de al menos un kilómetro y medio que durante meses fue preparado para una de las fugas más extravagantes, la del líder del cártel de Sinaloa.
Un escape que ridiculizó al Gobierno del entonces expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuando se encontraba de gira en Francia, destacando los logros de su Gobierno.
La historia de Jaime Galindo, sin duda, representa uno de los tantos casos de personas detenidas sin sentencia en México, una historia plagada de irregularidades e injusticia. Desde el penal El Rincón en Nayarit, el responsable de monitorear las cámaras de la cárcel Altiplano relata a través de una carta de su puño y letra en poder de Sputnik, lo que vivió durante la noche del 11 de julio de 2015 que lo llevó a siete años de prisión.
En dicho documento narra sobre sus inicios como policía segundo en el área de inteligencia en la ahora extinta Policía Federal. Dentro de sus obligaciones laborales estaba elaborar informes de las actividades ordinarias y extraordinarias de las personas privadas de libertad (los PPL) en este caso en el Altiplano, una de las cárceles de máxima seguridad en México.
Tenía 52 años de edad cuando sucedieron los hechos.
De acuerdo con su relato escrito, aproximadamente a las 8:30 horas del 11 de julio de 2015 ingresó a las instalaciones del Centro de Control del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Nº1 Altiplano apoyando al subinspector Vicente Flores Hernández, quien fungía como enlace operativo y estaba encargado de todo el personal comisionado en el penal. Vicente Flores también fue detenido por el caso de El Chapo; sin embargo, fue liberado por falta de pruebas.
Jaime Galindo tenía la función de enviar toda la información posible referente a las personas privadas de libertad además de las salidas del personal de seguridad y custodia.
Cada movimiento en el penal se registraba y se notificaba.
Según Galindo, la mayoría de las veces existía un bloqueo o falta de información y su labor era investigar lo que sucedía, aunque muchas veces esto ocasionaba que los vieran como intrusos, escribe en la carta. Galindo subraya a lo largo de su narración que como personal del Centro de Control de la Policía Federal, no podía dar indicaciones de seguridad ya que no era su función.
Fue entonces cuando un movimiento inusual cambió aquella noche en el penal. El narcotraficante Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, había sido trasladado al departamento de Servicios Médicos en el área de C.O.C. (Centro de Observación y Clasificación), un hecho que Jaime registró como un movimiento extraordinario, que únicamente se informó vía telefónica, y que tenía que esperar hasta que La Tuta regresara a su celda para poder enviar los detalles de la salida del capo a la enfermería.
Luego de finalizar su valoración, lo regresaron a T.E. (Tratamientos Especiales). El oficial se dispuso a recabar más información con sus compañeros Luis Alberto Aguilar Morales y Emanuel Conchillos Galicias, quienes en ese momento se encontraban monitoreando el área de T.E., así como a dar seguimiento del traslado de La Tuta. Galindo recordó que ambos compañeros no tenían información del evento extraordinario y que el área de enfermería se negaba a proporcionar cualquier detalle.
Fueron suficientes solo 60 minutos para que Joaquín Guzmán se diera a la fuga.
Según el registro electrónico del propio centro de reclusión, a las 20:52:14 horas, El Chapo inició su evasión del penal por un túnel que conectaba el piso del área de regadera de su celda, el número 20 del pasillo 2 del área de Tratamientos Especiales, a una construcción situada en un predio con las coordenadas geográficas 19º 24´ 32.0´´ Norte y 99º 45´ 09.3´´ Oeste, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Las pericias policiales determinaron que el tiempo transcurrido desde que El Chapo abandonó su celda, descendió del túnel, lo recorrió abordo de una motocicleta y ascendió al predio donde desemboca el túnel, fue de 25 minutos. Eso implicaba que por lo menos a las 21:17 horas, de acuerdo con los archivos, Joaquín Guzmán estaba en libertad.
En su carta, Jaime Galindo, a su vez, describe lo que sucedió a las 21:07 horas.
Relata sobre la comunicación que tuvo con una enfermera del servicio médico para consultar sobre el estado de salud de Servando Gómez Martínez, La Tuta, y sobre la medicación, reportándole a su superior Vicente Flores Hernández y preparándose para enviar dicha información al área de inteligencia desde su escritorio.
Para las 21:16 horas, Jaime escuchó el sonido del teléfono del subinspector Vicente Flores Hernández, quien se encontraba a un costado de su escritorio y contestó: "Dice Juan Carlos que no ve al Benito [así le decían a Joaquín Guzmán en el Altiplano]", estando con el encargado de turno, Luis Alberto Aguilar Morales le informó que había perdido de vista a El Chapo, pues se había escondido detrás de la barda donde estaba la regadera y que se le había informado a personal de seguridad y custodia.
Posteriormente, se percató de que le informaban al subinspector Vicente Flores Hernández que había un agujero en el área de la regadera en la estancia de El Chapo y que el capo ya no se encontraba en la celda.
Por lo que Jaime se quedó para apoyarlo, como parte de las indicaciones que Flores Hernández había dado a todo el personal que se encontraba trabajando.
A partir de ese momento tuvo que apoyar continuamente al subinspector Flores Hernández porque las oficinas centrales del área de inteligencia requerían al momento información, fotos y video de lo que estaba sucediendo.
Al final de su carta, el ahora preso monitorista cuenta que a las 07:00 horas de la mañana del domingo 12 de julio de 2015 todo el personal del Centro de Control que estuvo en servicio durante los hechos, fue trasladado a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (la SEIDO) a cargo de Felipe Muñoz y al frente de la Agencia de Investigación Criminal (ACI) dirigida por Tomás Zerón, quien por cierto es buscado por la justicia mexicana desde su salida de México en 2019 por los delitos de tortura en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Después de la fuga
De acuerdo con el documento de la CDNH/1/2015/7905/Q de la página tres del expediente, Jaime Galindo Hernández rindió su declaración testimonial el 13 de julio de 2015 y compareció en calidad de testigo ante el agente del Ministerio Público de la Federación de la Ciudad de México. Exactamente dos días después de la fuga.
"Hasta las 7:00 horas del domingo 12 de julio todo el personal de Centro de Control que estaba de servicio durante los sucesos mencionados fuimos trasladados a la oficina de la SEIDO [la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada] de la entonces PGR, donde permanecimos hasta el viernes 17 del mismo mes", escribió, a su vez, Jaime.
Luego de rendir su declaración, fue puesto en libertad, de acuerdo con el documento de la CNDH.
“Yo vi ese día [de la fuga] que se había escapado Joaquín [Guzmán]; se me vino la idea de que mi hermano ya tenía problemas", relató a Sputnik Guillermo Galindo, el hermano de Jaime.
“Le dije a mi esposa [Alma Rosa Hernández] que había problemas; además de que no tenía contacto con mi hermano cuando estaba en los centros federales. Le dije a mi esposa, que empezáramos a ver, porque no me pude comunicar con él. Fuimos a la SEIDO, porque supimos que estaba ahí, preguntamos nombres, nos quedábamos hasta las 12:00 - 1:00 de la mañana, nadie [de las autoridades] nos daba un aviso, nadie nos daba informes. Estuvieron cuatro días adentro de la SEIDO, sin comunicación con nosotros, hasta el cuarto día que le tuvimos que llevar ropa, supimos que estaba ahí adentro. Al quinto día, como a las 2:00-3:00 de la mañana, lo soltaron. Soltaron a los 12 y al otro día les dijeron que se fueran a presentar a su área de trabajo", prosiguió.
Dos meses después, el 18 de septiembre de 2015, cuando Jaime Galindo ya se encontraba laborando en otra cárcel en el municipio de Miahuatlán, Oaxaca, se giró una orden de aprehensión PF/DI/COE/2824/2015 para detenerle.
“Le hablaron a mi hermano, le dijeron que bajara, que lo buscaban, no le dijeron quiénes y ahí lo detuvieron", cuenta su hermano.
El monitorista fue trasladado a la SEIDO para ponerlo a disposición del juez en el CEFERESO 1 Altiplano, el mismo penal del que se había fugado El Chapo, tiempo después lo movieron al penal El Rincón en Nayarit.
Código Rojo
Los doce elementos de la policía que formaban parte de la División de Inteligencia fueron acusados de evasión de reo y en particular de no haber activado el Código Rojo.
En un documento firmado por el extitular de la Comisión Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia, quien ocupa ahora el cargo del Fiscal General de Campeche, y Manelich Castilla, el último Comisionado General de la Policía Federal, se informó oficialmente al entonces procurador General de la República Raúl, Cervantes Andrade, que a los elementos de la citada división no les correspondía activar el Código Rojo, mismo que no se encuentra normado en la Ley de la Policía Federal.
En entrevista telefónica para Sputnik, Manelich Castilla comentó al respecto:
“De manera general, por el respeto que merecen las tareas de inteligencia penitenciaria, podemos decir que la labor de estos integrantes de la extinta Policía Federal nada tenía que ver con la aplicación de protocolos de seguridad al interior del penal [Altiplano], que estos dependen, como en aquella fecha y como ahora, del personal del área de prevención y readaptación social. [mientras Jaime formaba parte de la división de inteligencia]. Es decir, no había dentro del rol de los deberes, de las obligaciones de estos compañeros, el evitar situaciones como las que lamentablemente se presentaron y que, por el contrario, ellos fueron más allá de su deber, al tratar de tomar acción en cuanto se determinó y se detectó la fuga de este personaje [Joaquín El Chapo Guzmán]", dijo.
Manelich Castilla subrayó que esto, incluso, se puede revisar en los protocolos de actuación. Explicó que sus labores estaban encaminadas a un objetivo diverso que el de aplicar el Código Rojo o el de evitar las fugas de los reos.
“Ellos no son ni custodios, ni personal perteneciente a la Subsecretaría de Prevención y Readaptación Social. Ellos eran integrantes de la División de Inteligencia que lo que busca son objetivos diversos, más tratándose de los penales federales, van más enfocados de entender el problema de la criminalidad, el tratar de conocer hábitos de comportamiento de los internos. Van más a este tipo de funciones", aseveró.
“Lo muy relevante es que ni siquiera el propio Joaquín Guzmán, una vez recapturado, señala haber recibido apoyo alguno por parte de estos integrantes de la hoy extinta Policía Federal. Por lo cual nos parece que estos años que han estado privados de su libertad han estado pagando por algo que no les correspondía pagar. Esa sería mi postura general y la seguiré sosteniendo", dijo Manelich Castilla.
El hermano de Jaime Galindo, Guillermo, en entrevista para Sputnik también rechazó cualquier vínculo entre los operadores de CCTV y presos.
“Ellos nunca tenían contacto con los reclusos de ahí. Ellos nada más monitoreaban y ya, no iban a ver a nadie. Solamente por monitoreo", aseveró.
A su vez, en entrevista exclusiva para Sputnik, la abogada actual de Joaquín Guzmán y su esposa Emma Coronel, Mariel Colón, respondió a la pregunta si existe alguna declaración de El Chapo dónde hable de implicación de estos monitoristas en la fuga.
“No hay documento oficial, ninguna declaración jurada del señor Guzmán que diga eso. No me consta, nunca la he visto", enfatizó en conversación con este medio.
La abogada indicó que no tiene conocimiento respecto a las personas detenidas por la fuga del capo, "pero si no tuvieron nada que ver, espero que se esclarezca [el caso] lo antes posible, porque nadie se merece estar injustamente detenido".
Según el último Comisionado General de la Policía Federal, Manelich Castilla, los monitoristas pudieron haber cometido la imprudencia de tratar de tomar acción en el momento de detectar la fuga.
“Ahí están los testimonios de nuestros compañeros que incluso se mete al túnel tratando de sumarse a una situación, una contingencia, que repito, no les correspondía a ellos", aseveró.
También insistió en que lo que se debe revisar de acuerdo a la Ley son las funciones específicas de estos expolicías de acuerdo con sus contratos, y con base en ello determinar si pudieron estar o no en condiciones de propiciar la fuga de este delincuente.
Para Manelich Castilla, el caso de la última fuga de El Chapo fue un parte aguas en la historia de la penitenciaría del país. Según el excomisionado, todo lo que se ha logrado saber de este escape, "apunta a una logística completa y absolutamente externa", como lo aseguraron, incluso, los miembros del cártel de Sinaloa.
“No hay indicios que apunten a los expolicías federales como facilitadores, voluntarios, cómplices de esta fuga. Y que el hecho que sigan presos, es una razón para que se revise su caso, para que se determine de una vez por todas su inocencia y que les permita seguir con su vida porque es gente joven que apostó por un proyecto de vida en la policía", comentó.
A pesar de considerar injusta la acusación contra monitoristas, Manelich Castilla insiste en que la entonces Procuraduría "cumplió su función, pero una vez conocido el desenlace, creo que merece revisarse la situación de estas personas".
“Yo creo que la verdadera justicia está en hacer valer la ley, no privar a gente de su libertad, para un escándalo o un posible descalabro. El descalabro ya no existe, desde el momento en que Joaquín Guzmán está purgando una sentencia en Estados Unidos, gracias a la detención de Policías Federales", reiteró.
Asimismo, el excomisionado Nacional de Seguridad Renato Sales, también fue consultado para esta investigación de Sputnik sobre el documento que presentó junto con Manelich Castilla.
El ahora fiscal general del estado de Campeche confirmó que los expolicías federales son inocentes.
Gracias a este documento de colaboración, algunos elementos fueron liberados y otros salieron bajo medida cautelar. Solo tres continúan en prisión, entre ellos Jaime Galindo Hernández.
El video que se filtró de la fuga de El Chapo Guzmán, ¿con audio?
Desde el principio de la investigación se informó que los videos de cámaras de monitoreo no traían sonido. Sin embrago, al pasar más de tres meses, el 14 de octubre de 2015, en el noticiero de Primero Noticias de la cadena de televisión Televisa, el titular del espacio Carlos Loret de Mola presentó un video en exclusiva de lo que hacían los monitoristas al momento de la fuga de El Chapo.
El periodista aseguró que los policías federales sí escuchaban lo que sucedía en la celda número 20 del capo y, por ello, deberían estar al tanto de la fuga.
Aquí el minuto a minuto de lo sucedido en aquella noche:
- 20:37:00 - (inicia el video)
- 20:46:38 - (inician los ruidos)
- 20:46:57 - (ruido de construcción)
- 20:49:58 - (El Chapo se levanta)
- 20:51:11 - (Guzmán se acerca a la regadera) (se escucha ruido como si jalaran una placa)
- 20:51:24 - (se escucha una voz)
- 20:51:44 - (se escuchan voces) (se agacha El Chapo en la zona de la regadera)
- 20:52:04 - (se sienta y se cambia de zapatos)
- 20:52:14 - (el interno inicia su evasión penal por el túnel)
- 21:17:06 - (los monitoristas observan en pantallas)
- 21:20:19 - (reportan que hay un hoyo en la regadera)
- 21:17:14 - (Guzmán recupera su libertad)
- 21:29:31 - (entran dos personas a la celda) (son Roberto Cruz Bernal, supervisor de custodios, y Emanuel Galicia Conchillos, uno de los monitoristas de la Policía Federal)
- 21:32:02 - (se escuchan golpes) (presuntamente había una trabe que bloqueaba el acceso al túnel)
- 21:32:17 - (finaliza el video que compartió la televisora)
- 21:40 - (se informa que no se podía ver al interno en su celda por los monitores de centro de control y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional - CISEN)
- 22:30 - (llega el entonces director del penal, Valentín Cárdenas Lerma)
Esta recopilación de datos está hecha con base en información del video presentado por la cadena de televisión mexicana.
Sin embargo, oficialmente en expediente, en su versión que se ha hecho público, se indica que El Chapo inició su evasión a las 21:52:14, varios minutos después de lo que se mostró en la grabación
De acuerdo con declaraciones del hermano de Jaime Galindo, Guillermo, los monitoristas no tenían sonido en el departamento donde ejercían su labor. Los que tenían audio eran los del CISEN: el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, un órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal, que estaba adscrito a la Secretaría de Gobernación y no tenía nada que ver con la extinta Policía Federal.
La información de que en dicha área de monitoreo los videos no tenían audios fue confirmada durante una reunión presencial por uno de los 12 expolicías que ya está en libertad. Por seguridad, la fuente pidió el anonimato.
En búsqueda de justicia para Jaime
Durante siete años, su defensor legal —el mismo desde el inicio—, le dice a su hermano, Guillermo Galindo, y su esposa, Alma Rosa Hernández Gómez, que ya pronto obtendrá la libertad de Jaime, pero no han visto resultados y ya van nueve compañeros —seis de ellos salieron absueltos y tres bajo medidas cautelares— que están con sus familias.
Hoy la familia de Galindo busca defensoría legal gratuita, en el Instituto de la Defensoría Pública Federal del Gobierno de México, para atraer atención al caso.
“Hubo una audiencia que es donde le iban a emitir una resolución probatoria. Si se quedaba o salía. La resolución es porque hay una ley que dice que si tienen más de dos años [en prisión] y no salen, tienen que dejarlos libres", comentó a Sputnik su hermano.
La familia también ha tenido problemas con la asistencia legal contratada por ellos.
“Le pedimos al abogado que nos entregue copias de lo que él metió y como que se molesta y últimamente ha estado molesto conmigo porque le digo: 'Deme copia de lo que usted mete' y me dice: 'Es que yo no tengo porque darles la documentación", relató las complicaciones que tuvieron enfrentar.
Familiares hicieron un convenio con su defensor legar privado de pagar una parte y cuando saliera Jaime, entregar el resto. El costo por la liberación fue de 350,000 pesos mexicanos (17.500 dólares) y de esa cuenta le han dado más de 200,000 pesos (10.000 dólares). Ahora, aunque la asesoría de este abogado no les ha dado resultados, tienen miedo de cambiarlo por el alto gasto que implica y además la necesidad de volver a empezar todo desde cero.
“Es que desde el principio los abogados nos cobraban arriba de un millón de pesos [500m000 dólares], porque nos dijeron que no es un caso cualquiera, pedían más de un millón de pesos y dijimos de dónde íbamos a sacar un millón de pesos", comparte su hermano.
Para conseguir su libertad, la familia buscó a Andrés Manuel López Obrador antes de que se convirtiera en presidente de México, en 2018, cuando Jaime llevaba tres años sin sentencia.
Luego, su madre volvió a dirigirse a López Obrador ya como mandatario del país.
La Presidencia del país no fue la única instancia adonde acudió la familia del expolicía federal.
“Fuimos a [el Comité Nacional de] Derechos Humanos y nos dijo el señor que ya ni le moviéramos porque no nos iban hacer caso, que nos calláramos", recuerda Alma Rosa Hernández Gómez.
Alma Rosa Hernández Gómez es la cuñada de Jaime. Cuando Raúl González Pérez era el presidente de la CNDH, Jaime Galindo ya llevaba dos años en prisión.
El 27 de marzo de 2017, familiares ingresaron una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública Federal por presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos adscritos al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social en agravio de varios elementos de la extinta Policía Federal, entre ellos Jaime Galindo, como lo demuestra este documento.
Hace tres años, enviaron un escrito al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, para que se hiciera revisión de su caso, pero no obtuvieron respuesta.
Los familiares de los 12 expolicías también acudieron a instancias internacionales, en una reunión con el exsecretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Emilio Álvarez Icaza, quien estaba en el cargo desde agosto de 2012.
Ya en la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se envió una petición al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, con fecha del 7 de febrero de 2019, en el que Edith Mojica Lobato, amiga de Jaime, solicitaba junto con otros familiares de los detenidos revisar el caso de Galindo pues llevaba 1.312 días privado de su libertad por la fuga de Joaquín Guzmán.
Además, ejerciendo su derecho de manifestación en frente de Palacio Nacional llamaron la atención del comisionado de Órgano Administrativo Desconcertado Prevención y Readaptación Social, Francisco Garduño Yáñez, ante la situación. El ahora titular del Instituto Nacional de Migración les informó que había turnado su petición al fiscal Gertz Manero.
En entrevista para Sputnik los familiares solicitaron nuevamente la intervención del presidente de México y le enviaron un mensaje a través de este medio.
"Yo de la manera más atenta le pido al presidente que ya tenga tantita humildad, compasión para que ya salga, que salga mi cuñado Jaime Galindo Hernández, mi suegra se lo pidió, se lo suplicó como madre, ahora yo como cuñada que soy de él, igual le pido de la manera más atenta y humilde que se compadezca tantito de esta situación y deje salir a Jaime Galindo Hernández, que es inocente", pidió Alma Rosa Hernández.
“La persona que estaba monitoreando a El Chapo directamente, que era su función de estar ahí enfrente y que no podía parpadear, tiene tres años que salió con medida cautelar. ¿Cómo es posible que los demás no hayan salido? Este chavo que estaba directamente, yo no digo que es culpable, yo no digo que él tuvo la culpa, pero el que estaba ahí directo era él, se apellida Conchillos, Emanuel Conchillos", insiste Guillermo Galindo.
La vida en el penal
A pesar de que ya han pasado siete años desde que Jaime fue privado de la libertad, no ha sido olvidado por sus amigos y excompañeros.
“Tengo mi teléfono donde siguen preguntando; siguen al pendiente tanto mujeres como hombres; era excelente compañero, excelente hermano, excelente cuñado, excelente hijo", comparte con Sputnik su cuñada Alma Rosa.
“Tanto es así que ellos nos ayudan, para que Jaime tenga su mesada, aportan su dinero y cada mes, le abonan ahí una parte", agregó Guillermo.
Los compañeros de Jaime realizan una colecta para sus gastos personales en el penal, una cantidad de 1,200 pesos mexicanos (60 dólares).
Según relataron los familiares de Jaime, hubo un tiempo cuando los llevaban hasta Nayarit en el avión de la Policía Federal para que pudieran ver a su familiar. Luego, tras el cambio administrativo, los llevaban en un camión, en otras ocasiones les daban efectivo para pagar el viaje.
Jaime Galindo cumplió 59 años de edad y no ha podido ver a su familia desde hace dos años por las restricciones en los penales federales por la pandemia de COVID-19.
La última vez que lo vieron fue por Zoom desde una penal de la Ciudad de México.
A lo largo de estos siete años Jaime ha perdido a su madre y padre, con quien nunca tuvo oportunidad de despedirse.
La familia del expolicía se pregunta porque nunca se realizó un procedimiento legal contra los altos mandos de la institución, como, por ejemplo, Ramón Eduardo Pequeño García, extitular de la División de Inteligencia de 2013 a 2015 de la desaparecida Policía Federal. Una de sus funciones al frente de esta división era la de estar al mando del monitoreo de las cámaras de seguridad de los centros penitenciarios, justo cuando ocurrió la segunda fuga de El Chapo del Altiplano por lo que sí fue destituido, pero no investigado.
Hoy se encuentra prófugo de la justicia, luego que un juez federal librara una orden de aprehensión, el 6 de julio del 2021, por el delito de tortura dentro del caso Florance Cassez, además de que la Unidad de Inteligencia Financiera de México (UIF), al igual que la justicia de EEUU, lo investiga por su cercanía con Genaro García Luna acusado de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, hoy encarcelado en Estados Unidos.
“Yo nunca vi a un Ramón Pequeño, a todos sus jefes en un CEFERESO, o que se les hiciera algún procedimiento por el escape de El Chapo, eran perfiles de hasta abajo. Yo nunca vi a […] Chong, que era el mero mero de la Policía Federal [Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación y hoy senador del PRI], a Alejandro Rubido, nunca los llamaron a declarar", insiste Guillermo.