Poder Judicial ilegal
A la elección del Poder Judicial acudieron casi 13 millones de mexicanos, que representan 12.9% de los posibles votantes (incluyendo al millón que no tuvo casilla).
De ellos, casi 11% anuló su voto, y 12% no lo llenó bien.
Es decir que los votos válidos no llegaron a 10% del padrón electoral. O, dicho mejor, 90% de los mexicanos rechazó, anuló o abandonó su voto.
El lunes, Claudia Sheinbaum quiso menospreciar el desprecio de la población a este proceso, comparando esa votación con la que obtuvieron, de manera individual, los partidos de oposición en la elección que ella ganó.
El martes, se puso a explicar cómo su coalición obtuvo grandes resultados en las elecciones municipales de Durango y Veracruz.
El miércoles despotricó contra medios y comentaristas.
No sorprende que haya decidido abandonar la Presidencia de la República para convertirse en promotora de su fuerza política, pero sí es algo molesto, inadecuado.
Los resultados de la elección dominical reiteran que la coalición que ahora ha acumulado todo el poder no representa más de 55% de la población.
Fue su resultado en Veracruz, sumando al PT a la coalición que no lograron cuajar en ese estado.
En Durango les fue peor, y del desprecio popular al tema judicial ya hablamos.
Es importante insistir en el golpe de Estado promovido por López Obrador hace un año, porque tanto las mayorías calificadas en el Congreso como la destrucción del Poder Judicial son producto de la ilegalidad.
Con el apoyo de poco más de la mitad de los ciudadanos, hablan por todos, deciden por todos, y destruyen lo que es de todos.
Rota la legalidad desde el poder, y ahora destruida la impartición de justicia, deja de existir la legitimidad de este nuevo régimen autoritario, que tendrá que sostenerse con lo poco que queda de recursos públicos, y con la menguante fuerza que palidece frente a enemigos internos y externos.
La transformación de Sheinbaum en promotora de esas ilegalidades implica su abandono de la Presidencia, la suma a esa falta de legitimidad.
Otra vez, se entiende que así sea porque ella no tiene el control de lo que está ocurriendo. No preside.
López Obrador logró poner como futuro presidente de la Corte a quien le ayudó a engañar y comprar dirigencias indígenas en la península para abrirle espacio al Tren Maya.
No era candidato de Sheinbaum, aunque haya sido el Poder Ejecutivo el que lo incluyó en las listas.
El resto de ministros y magistrados de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral tampoco responden a Sheinbaum.
Los centenares de magistrados y jueces elegidos ese día, no tenemos idea a quién.
El nuevo Poder Judicial, así conformado, entrará en funciones en septiembre, y se quedará prácticamente sin cambio por una docena de años.
Este sexenio y el que sigue, en el que también querrán tener todo el poder, y para lo cual podrán modificar las reglas electorales.
De hecho, ya pueden modificar lo que quieran, y por eso puede afirmarse que los derechos de las personas no tienen ya garantía alguna.
Es un régimen autoritario que ya ha empezado a perseguir periodistas (como Héctor de Mauleón o Lourdes Mendoza).
Sin embargo, su apoyo se reduce a la mitad de la población, y más de la mitad de ellos debido al reparto de dinero, que todavía no asocian a la pérdida de bienes y servicios públicos, ni mucho menos a derechos.
Por otra parte, la cohesión del movimiento ya no es la misma.
La diarquía, la indisciplina, la incompetencia, van sumando costos.
El derrumbe no es más rápido por la falta de un polo opositor, pero está en proceso.