¿Por qué el temblor político de Baja California es más grave que el que sufrimos ayer en NL?
Fueron, sí, movimientos telúricos en Baja California de nivel muy superior al temblor que resentimos ayer en Nuevo León, de 4.6 grados.
En fin, la pareja ha sido señalada por varios medios de una presunta vinculación con figuras turbias e incluso de supuesto lavado de dinero.
Se sabe también que, por estos días, en Nuevo León se revocó la visa a dos políticos del PAN, cuyo anonimato se ampara lamentablemente por el infame Código Penal vigente en nuestro estado, que, a diferencia de contra casi todas las demás entidades federativas, tipifica el delito de difamación y calumnia.
Este delito, si bien, por un lado, protege a las víctimas de acusaciones sin sustento, también obstruye cualquier investigación de prensa y presiona para revelar sus fuentes, base de nuestra tarea periodística, conculcando así la libertad de expresión.
Aunque en el caso de los dos políticos de Nuevo León se conjeturó que el motivo fueron posibles irregularidades financieras, en relación a Marina del Pilar y su esposo Carlos Torres, este argumento no se sostiene, porque los dos bancos en California donde la pareja mantenía hasta hace unos días sus inversiones, Bank of America y Wells Fargo, no suelen pedir Número de Seguro Social (SSN) y sólo devolvieron íntegramente sus fondos hasta después de la revocación de ambas visas, no antes, como alega la pareja como excusa de la rara acción de la que fueron objeto.
En cambio, las sospechas de muchos medios apuntan a un motivo aparentemente más grave: el reciente descubrimiento de una presunta fábrica de fentanilo operando al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tecate, conocido popularmente como El Hongo.
La administración Trump no revelará, por supuesto, los verdaderos motivos de la revocación de esas visas, porque es política del gobierno trumpista guardarse para sí los móviles.
Pero especulemos.
¿Cómo pudieron dar con este presunto laboratorio alguna de las 14 agencias de inteligencia norteamericanas y cómo poder conectar el caso de las visas revocadas con este supuesto delito de crimen organizado?
Quizá la verdad se asomará el próximo 15 de mayo.
No es la primera ocasión que menciono que un centenar de drones MQ-9 Reaper de EUA sobrevuelan la frontera norte de México, sin invadir nuestra soberanía, pero espiándola a la distancia.
Cabe recordar que, hace unas semanas, la administración del presidente Trump, a través de su secretario de Estado, Marco Rubio, aludió a una aparente lista negra de políticos mexicanos, involucrados en una soterrada red de trasiego de drogas y huachicoleo fiscal, es decir, de la comercialización ilegal de combustibles que evade el pago de impuestos como el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) y el IVA (Impuesto al Valor Agregado), mediante el uso de fracciones arancelarias falsas.
¿Tiene algo que ver con esta política de persecución de EUA la detención del alcalde de Matamoros, Alberto Granados, en abril de este año?
Reitero: falta atar cabos y realizar más investigación de fondo.
Pero los puntos de este dibujo en proceso se van uniendo día tras día, y no sería aventurado adelantar la renuncia al cargo municipal que ostenta “honoríficamente” Carlos Torres, e incluso de la propia gobernadora, quien asumió su cargo actual desde 2021 en medio de un mar de polémicas y murmullos cada vez más subidos de tono.