Del mundo ideal, al mundo irreal

Al presidente, nos queda claro, no le gusta la transparencia, menos la rendición de cuentas, por eso exige "lealtad ciega" a sus colaboradores, que en realidad son sus cómplices.

La sentencia se dió desde la campaña electoral de 2006: al diablo con sus instituciones y lo sabían tanto los actores políticos como los líderes de opinión.

De hecho, al inicio de este gobierno, diversas voces advirtieron que el riesgo de destruir a los organismos autónomos estaba vigente y era sí, “un peligro para México". Los cuatroteístas lo único que buscan es extinguir la vida institucional de este país, que tantas luchas ha costado.

El primer ataque público lo recibió Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en febrero de 2019: se engañó al pueblo de México haciendo creer que se necesitaban instancias autónomas de expertos independientes, porque el gobierno no podía atender los asuntos relacionados con la Comisión Federal de Electricidad y con Pemex… se van a limpiar, se van a purificar estas instancias que estaban totalmente al servicio de intereses particulares”.

Luego vino la advertencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del ministro Eduardo Medina Mora, quien sorpresivamente renunció a su cargo. El presidente Andrés Manuel López Obrador no dudó, aunque lo hicieran veladamente, en deslizar la idea de que en Palacio Nacional fue donde se tomara esta decisión y con ello, fueron nombrados cuatro nuevos ministros, entre ellos, la plagiaria Yasmín Esquivel Mossa.

A finales de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue inutilizada con el nombramiento -cuestionado por fraudulento- de una incondicional, Rosario Piedra Ibarra, encargada de dinamitar, desde dentro, una de las instituciones autónomas que fue producto de la exigencia ciudadana de que existiera quien señalara los abusos cometidos desde el poder público.

La CNDH lejos está ahora de cumplir con ese propósito; se ha convertido en un brazo político más de quien despacha en Palacio Nacional.

El ataque al Instituto Nacional Electoral (INE) se dio frontal y sin empacho, poco a poco, pero con enorme furia.

El golpeteo ha sido más que evidente, pues ha sido una de las instituciones más denostadas, vapuleadas y golpeteadas por el tabasqueño, tanto, que todo el aparato del gobierno concentró parte de su energía en destruirlo y para hacerlo, López Obrador no dudó en usar "su poder legislativo" para plantear sus planes regresivos y obtener las aprobaciones necesarias, sin análisis, debate ni reflexión de bien común, desde la A de aberrante hasta la Z de zalamero.

Sin embargo y a pesar de todo, el INE tuvo el mayor de los apoyos ciudadanos y despertó a gran parte de la sociedad que sentía, por primera vez, que el ataque era contra las libertades, los derechos, la democracia y sí, contra México mismo.

Ante esta defensa férrea, el gobierno optó por otro camino:

Si no puede desaparecer al INE, entonces hay que debilitarlo con nombramientos afines a “su movimiento”.

Los nuevos consejeros tendrán que demostrar, en su desempeño, qué tanto anteponen el interés nacional, en lugar de dar rienda suelta a los apetitos de la supuesta transformación.

En este proceso y muy recientemente -por la falta de oficio político o quizás por los demonios que arrinconan a los líderes de la oposición-, el Tribunal Electoral también estuvo en riesgo, irresponsablemente lastimado por quienes se supone deberían defenderlo, aunque después se hayan arrepentido.

Esta historia aún no se acaba y el peligro sigue latente, porque a la luz de los hechos, la voracidad de los líderes partidistas es por los puestos y presupuestos, y no por la defensa de derechos y mecanismos de participación de los militantes.

Ahora, y con la misma fuerza, se ha desatado el ataque al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Desde 2019, López Obrador señalaba -como en otros casos- que los sueldos de los funcionarios eran desproporcionados; habló, habló y habló sobre lo “costoso” que era mantener las oficinas, los viáticos, los gastos administrativos, pero jamás abundó sobre las funciones torales de una institución que ha servido a los ciudadanos para conocer montos y uso de los recursos públicos; esta instancia ha puesto al descubierto la corrupción y el abuso del poder público, lo que, paradójicamente, sirvió para que llegara a la primera magistratura, quien hoy pretende tirar la escalera una vez que llegó al último piso.

La estrategia usada por el presidente López Obrador fue vetar los nombramientos de los nuevos comisionados y ordenó, a la bancada mayoritaria, posponerlos.

¿El mensajero? El otro López, una de sus corcholatas favoritas, quien, sin empacho, giró instrucciones: yo creo que estamos en el mundo ideal, nosotros no tenemos ninguna urgencia porque se nombre en estos momentos…”

Al presidente, nos queda claro, no le gusta la transparencia, menos la rendición de cuentas, por eso exige "lealtad ciega" a sus colaboradores, que en realidad son sus cómplices.

En su “mundo ideal”, está seguro que las mañaneras son suficientes para informarle al pueblo de México lo que pasa en su gobierno; su verdad es la única que debe importar y debe ser la que predomine entre sus seguidores que no cuestionan. Y si eso le sirve para tener votos, mejor.

Los escándalos de corrupción en esta administración hacen palidecer los escándalos que tuvo Enrique Peña Nieto. Además de mentir constantemente, López Obrador se volvió daltónico, piensa que su pañuelo es blanco cuando está totalmente manchado de negro, porque “los hombres y mujeres buenos” de la cuarta transformación cada día le ponen más manchas, por los actos de corrupción que bajo la mirada complaciente y permisiva del presidente van en aumento.

Es por ello, que diversos actores políticos y sociales se preguntan ¿Y la marcha para defender al INAI, para cuándo?

No podemos permitir que el mundo ideal del presidente se construya sobre los escombros de los sueños de millones de mexicanos de aspirar a un mejor país, es irreal permitir la demolición institucional.  

Adriana Dávila Fernández

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Altiplano del estado de Tlaxcala. Su trayectoria profesional y política la ha desarrollado en los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federales, así como en organizaciones de la Sociedad Civil.