Persecución a la ciencia
El gobierno ha declarado la guerra a la ciencia.
No existe precedente alguno de que algo similar haya ocurrido en la historia del país. Ni siquiera en los tiempos del priismo más autoritario.
Un Fiscal, Gertz Manero, que en otro momento defendió la libertad de cátedra, así como el valor de la verdad y la justicia, decide ahora acatar la consigna del inquisidor: llevar a la hoguera a los científicos por exigir recursos y exigir libertad para investigar.
LA CIENCIA A ALMOLOYA
Para que la comunidad científica entienda bien el mensaje, la Fiscalía General de la República solicitó a un juez del centro penal del Altiplano —léase Almoloya— la orden para capturar a 31 hombres y mujeres de ciencia acusados de lavado de dinero y crimen organizado.
Al gobierno no le ha interesado detener y llevar a la prisión de más alta seguridad del país a Ovidio Guzmán con quien tiene una especie de romance político.
Tampoco a los sicarios que ayudaron a Morena a ganar el pasado 6 de junio doce gubernaturas, pero sí está obsesionado con enterrar en las mazmorras de la 4T a quienes se han atrevido a defender el desarrollo de la ciencia.
REPRESIÓN CIENTÍFICA
La directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, se ha convertido en símbolo de la represión científica.
Opera a la manera de un agente soviético decidido a someter a la ciencia y tecnología a los intereses ideológicos del régimen. Busca, ante todo, silenciar las protestas por la cancelación de 109 fideicomisos cuyos recursos nadie sabe donde están.
Álvarez-Buylla opera entonces como “tapadera” de un vil atraco a la ciencia del país.
Con la eliminación de los fideicomisos, casi todos dedicados a la investigación científica y tecnológica, el gobierno legalizó el robo de $68 mil 400 millones, mismos que ha usado con toda discrecionalidad porque no existe una ley que lo obligue, en este caso, a rendir cuentas.
Como bien lo advirtieron varios legisladores, los recursos de los fideicomisos cancelados, fueron a parar a una “caja negra”. ¿Dónde están?
El elevado número de muertes por la pandemia y la escasez de vacunas, demuestran que han sido utilizado con fines distintos a los anunciados.
Atacar a la ciencia y a los científicos es uno de los deportes favoritos del presidente.
Mientras en los países más desarrollados se rinden honores y protección a los académicos e investigadores, aquí se les persigue y califica de corruptos y ladrones.
La 4T se identifica más con un narco que con un hombre de ciencia.
Evita disparar a los criminales porque “ellos también tienen derechos humanos”, pero lanza todo el aparato del Estado para reprimir la actividad científica.
Una de las investigadoras afectadas lo dijo claro:
“Yo voté por López Obrador y fue el peor error que cometí porque creí que él defendería a la ciencia”.
Pues no solo no la defiende, sino que está decidido a llenar las cárceles de científicos y a exterminar la investigación sin importarle las consecuencias.
Mientras Israel, Japón, Corea del Sur invierten del 3 al 4% del PIB en ciencia y tecnología, México apenas destina el 0.38%
La razón es simple: para este gobierno invertir en ciencia y en el futuro, es neoliberal.
No importa si al cancelar los fideicomisos se deja sin fondos, por ejemplo, a las instituciones que estudian el origen la esclerosis múltiple, principal causa de discapacidad en jóvenes mexicanos.
Tampoco le importa que, con la asfixia financiera, México se mantenga a la cabeza de “fuga de cerebros” en América Latina.
A las dictaduras no les gusta la ciencia.
Los gobiernos autocráticos siempre la consideran un riesgo.
Así que nadie se sorprenda si la Fiscalía General de la República insiste con llevar a la prisión de Almoloya a 31 investigadores con un letrero que diga: