Es prioridad usar recursos públicos para bienestar de la sociedad
La ASF cuenta con mecanismos para apoyar en el tema del Museo Internacional del Barroco.
Ahorro derivado de la firma de este convenio permitirá redireccionar recursos hacia sectores prioritarios.
Acompañé al Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, en la firma del Convenio para la Terminación Anticipada de la Deuda del Museo Internacional del Barroco (MIB).
Fue un evento histórico en la sede del propio museo, que devuelve su propiedad al patrimonio público del Estado.
Esta decisión marca un hito en la administración eficiente de los recursos públicos estatales.
Felicité al Gobernador por recuperar los recursos para la gente.
La ASF cuenta con mecanismos para ayudar a revisar lo ocurrido en torno a este proyecto.
Armenta reiteró su compromiso con la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos, señalando que el ahorro derivado de esta acción será de al menos $10 mil millones.
Esto permitirá redirigir recursos hacia sectores prioritarios como salud, educación, turismo, agricultura, obra pública y seguridad.
Armenta destacó que la recuperación del Museo Internacional del Barroco es resultado de la coincidencia con empresarios comprometidos con una visión inclusiva del desarrollo, en sintonía con la directriz humanista de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Además de su servidor, asistieron por parte de la ASF:
- La firma contó con la asistencia del coordinador de gabinete del gobernador, José Luis García.
- Secretaria de Planeación y Finanzas, Josefina Morales.
- Subsecretario de Egresos de la misma dependencia, Hugo Domínguez.
- Secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio.
- Auditor Superior del Estado de Puebla, Francisco Teomitzi.
- Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP, Fernando Renoir Baca Rivera.
- Diputado federal Juan Antonio González.
- Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, diputada Laura Artemisa García.
- Otros funcionarios estatales y municipales, representantes del Poder Judicial, órganos autónomos y de la iniciativa privada.
Este acto confirma que una gestión pública responsable, transparente y con visión a largo plazo, además de generar ahorros y economías, permite priorizar el uso de los recursos públicos en programas y proyectos esenciales para el bienestar de la sociedad.