No le teman a la democracia

Lo que sucede en los partidos políticos nos afecta a todos; se requieren más ciudadanos participando en ellos.

Diversos estudios han dado cuenta de la disminución significativa de la confianza ciudadana hacia los partidos políticos.

La Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2021 establece que 76.4% de la población de 15 años o más, dijo confiar poco o nada en los institutos políticos.

Muchas son las causas que nos llevan a este resultado. Sin embargo, una de las más representativas es la falta de congruencia entre lo que establecen sus documentos básicos, lo que se dice en la crítica a los gobiernos en turno y lo que se hace en el ejercicio público.

La más reciente propuesta de MORENA, el PAN, el PRI y el PRD, que está por discutirse en la Cámara de Diputados, es el ejemplo claro de esta incongruencia.

Los dirigentes partidistas y sus líderes parlamentarios parecen no darse cuenta que la exigencia ciudadana que se volcó al menos en dos ocasiones (13 de noviembre de 2022 y 26 de febrero de 2023), de manera masiva a las calles para defender la democracia, no era sólo al gobierno y sus aliados partidistas, sino también a los partidos de oposición.

Que hoy se pretenda quitarle facultades al Tribunal Electoral, bajo el pretexto de “respetar el principio de autodeterminación”, es simplemente aberrante.

¿De dónde sacaron “sus otros datos” para tomar este tipo de decisiones, que atentan contra los derechos político-electorales de los ciudadanos y también de los militantes que se atreven a ser ciudadanos dentro de sus partidos?

Es inconcebible que mientras se va avanzando a golpe de sentencias -como bien dice la exmagistrada electoral María del Carmen Alanís Figueroa- para hacer valer derechos, los tomadores de decisiones de los partidos políticos busquen entre sí, una alianza con beneficios única y exclusivamente para ellos, que saben que ante un Tribunal lo importante es que se cumpla la ley.

Ante el intento de Alejandro Moreno (Alito) de encontrar “excepciones” en lo ordinario para prolongar su mandato en el PRI, el Tribunal Electoral proyecta ponerle un alto.

Ante el abuso de Mario Delgado y Citlalli Hernández para extender su periodo de gestión en MORENA, también vía modificación de estatutos, el Tribunal Electoral propone establecer los límites legales.

Aprobar la prórroga… propicia la perpetuidad de los altos cargos directivos partidarios, lo que se traduce en una violación al derecho de los demás afiliados”.

En el PAN las cosas tampoco han sido distintas. En mi intento de contender por la dirigencia nacional de mi partido, di cuenta de los abusos y excesos, entre otras cosas, de los tiempos oficiales de radio y televisión por parte de la actual dirigencia.

En febrero de 2022, el Tribunal Electoral determinó que el PAN no garantizó condiciones mínimas de equidad en el proceso de renovación. Si bien es cierto esto no fue suficiente para reponer el procedimiento, la simple resolución evidenció la urgente necesidad de democratizar y garantizar la participación de cualquier militante en condiciones de igualdad.

En el 2021, el Tribunal Electoral revirtió diversas candidaturas a todos los partidos políticos por pretender imponer a personas cercanas a las dirigencias en candidaturas etiquetadas para grupos vulnerables, sin contar con los requisitos establecidos en la ley. Muchos de los que se hicieron pasar por indígenas, migrantes o miembros de la comunidad LGBT+, al ser impugnados, no consiguieron burlar la ley.

Ante lo que estamos viviendo, se hace indispensable exigir a los partidos políticos, que entiendan que son un instrumento ciudadano al servicio público y no sólo de unos cuantos.

Que no le teman a la democracia.

México vive momentos complicados, de una violencia casi inconcebible y de abusos permanentes por parte de quienes ostentan el poder. Por ello he insistido, en diversos espacios y foros, que no podemos cerrar los ojos a estos excesos.

Lo que sucede en los partidos políticos nos afecta a todos; se requieren más ciudadanos participando en ellos.

Uno de los grupos más afectados, en caso de aprobarse esta reforma, somos las mujeres, que debemos reconocer que aún con los avances de paridad no hemos logrado la tan anhelada igualdad, pero seguimos en la lucha.

Muchas son las simulaciones a las que nos enfrentamos; tuvo que ser el Tribunal Electoral quien planteara la importancia de que una mujer ocupara la presidencia del INE, así como en los procesos locales recientes de 2021 estableciera que la mitad de las candidaturas a las gubernaturas fueran ocupadas por mujeres.

He señalado en varias ocasiones que ninguna ley cambia la conducta humana, pero también he reiterado que el hecho de visibilizar las desigualdades, a través de las normas, nos abre la puerta a espacios en donde podemos exponer la violación a nuestros derechos.

Frente al panorama que enfrentamos, lo único que puede garantizar nuestros derechos es el cumplimiento franco de las leyes, sin interpretaciones a modo y a conveniencia según “nuestra cercanía o lejanía” con quienes dirigen nuestros partidos.

Apostarle a la “voluntad” de los presidentes de los institutos políticos o de los órganos de decisión, por como fueron electos, sería una ingenuidad imperdonable.

Cito un ejemplo como base: tuvo que pasar un año para que luego de denunciar violencia política en razón de género en mi encargo como diputada federal en 2019, el Tribunal Electoral obligara a uno de mis pares a ofrecer disculpas públicas por ese hecho. Sí, en 2020 lo hizo a regañadientes -y hasta la fecha sin aceptar su responsabilidad-, porque en juego estaba su reelección. 

Sin duda alguna, los obstáculos para la igualdad continúan, pero de ahí a eliminar nuestros derechos en la ley, es un despropósito que no debemos permitir. 

En especial mi llamado a la bancada panista. Aprobar estas modificaciones es olvidar nuestro origen, nuestra lucha democrática, nuestra formación y lo más grave, el papel histórico que debemos asumir ante un gobierno que rechaza la democracia como instrumento.

Si somos el partido llamado a dar la batalla contra el autoritarismo, apliquemos la de Carlos Castillo Peraza, la democracia no es el peligro, es la oportunidad”.

Adriana Dávila Fernández

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Altiplano del estado de Tlaxcala. Su trayectoria profesional y política la ha desarrollado en los Poderes Legislativo y Ejecutivo Federales, así como en organizaciones de la Sociedad Civil.