A LA OPINIÓN PÚBLICA: 

Estamos preocupados por el impacto de una posible “reforma electoral” al sistema electoral mexicano, sus instituciones y tribunales electorales.

En particular estamos preocupados por la suerte que puede llegar a tener el Instituto Nacional Electoral (INE).

Entonces, para pasar de la preocupación a la ocupación y en el uso de nuestra libertad de expresión, que busca aportar elementos positivos al debate público, el Consejo de Administración, los Consejos Editoriales, directivos, staff editorial, lectores, colaboradores y editorialistas de

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manifestamos lo siguiente: 

1.- 

Que todo sistema electoral es perfectible de ser mejorado según la práctica de las elecciones muestra sus virtudes y defectos, tal como lo atestiguan las anteriores reformas electorales que a lo largo de tres décadas -no sin debates intensos y algunas veces exasperantes- desembocaron en:

• El actual Instituto Nacional Electoral, incluyendo su estructura nacional y las estatales.
• El Tribunal Electoral de la Federación y
• Los tribunales electorales estatales.

Todo esto en un sistema híbrido de representación ciudadana, mayoritaria y proporcional, factores reconocidos a nivel internacional como avances en la democratización de México, que han permitido elecciones que arrojan -entre otros resultados- la transparencia de las elecciones y el respeto a la voluntad popular emitida mediante sus sufragios, y -muy importante y palpable- la alternancia en el poder de los partidos y candidatos en contienda. 

2.- 

Que no es nuestra postura rechazar las reformas electorales ni la intención de proponerlas y realizarlas en bien del País, sino que consideramos inoportuno y riesgoso el momento de su presentación como iniciativa de ley al Congreso de la Unión, pues por la extensión y profundidad de las 17 reformas a diversos artículos constitucionales, y en vista de la cercanía de la siguiente elección presidencial en 2024, el posible nuevo sistema electoral surgido de esas reformas no tendría la madurez, cohesión ni capacidad que ha sido probada a través de muchos ciclos electorales, como sí lo tiene el sistema electoral bajo el cual hoy se manejan las elecciones en México.  

3.- 

Que en la agenda pública del País hay problemas de urgente e inaplazable solución, los cuales demandan toda la atención y recursos del gobierno, las fuerzas políticas y de las cámaras de representantes:

• Inseguridad pública.
• Inflación.
• Estancamiento económico.
• Desabasto de alimentos.
• Impacto de los flujos migratorios a lo largo de nuestro territorio.
• Denuncias sobre casos de corrupción de alto perfil en el servicio público.
• Ataque cibernético masivo a la Secretaría de la Defensa Nacional.
• Señalamientos y dudas sobre la integridad del Fiscal General de la Nación.
• Fricciones comerciales con Estados Unidos que traerían graves repercusiones sobre el gobierno mexicano.
• Más otros temas que no deben ser relegados en aras de la intención de reformar un sistema electoral que funciona bien en general, como se comprobó en la última elección presidencial en 2018 que permitió la llegada al poder al Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA.

4.-

Que compartimos la perspectiva de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, emitida en su texto “México: Opinión sobre el Proyecto de Enmiendas Constitucionales sobre el Sistema Electoral”, adoptada el 22 de octubre de 2022, en la que señala lo siguiente:

Por las consideraciones anteriores y por nuestro derecho ciudadano, solicitamos el siguiente:

punto ÚNICO:

Que se aplace la deliberación de la iniciativa de reformas electorales hasta después de las elecciones presidenciales del 2024 y se reinicie su debate una vez instalado el nuevo gobierno en el Poder Ejecutivo y los nuevos representantes populares en el Congreso de la Unión.

Así se asegurará la realización de un diálogo público razonado, prolongado y profundo de una materia legal fundamental para la vida pública mexicana.